La prisión preventiva, un obstáculo para avanzar
La prisión preventiva de políticos catalanes independentistas es un claro obstáculo para reconstruir espacios de consenso básico y restablecer las bases del diálogo cívico en Cataluña, objetivo al que pretende contribuir el Grup Pròleg que firma estas líneas.
Creemos que la libertad de los presos preventivos sigue siendo un tema prioritario, más allá de la humanitaria reivindicación de su acercamiento a Cataluña. Al margen de las opciones políticas sobre la independencia, ahora se trata de buscar espacios de coincidencia en la ciudadanía catalana y la privación de libertad de los políticos catalanes es, probablemente, el tema que mayores consensos provoca, también entre quienes, compartiendo o no la reivindicación independentista, no comparten los procedimientos y el sectarismo del desarrollo de los acontecimientos recientes. Sería bueno, por tanto, que ninguna opción política o social se apropiara de la reivindicación de la libertad de los presos preventivos.
En efecto, la prisión preventiva de políticos independentistas obstaculiza el lento proceso de reconstrucción de consensos porque por mucho que se refiera a hechos concretos, aparece como criminalización de la opción política y se levanta como barrera o precondición inamovible para cualquier avance. Pero, en nuestra opinión, es posible denunciar esta situación sin dejarse paralizar por ella, precisamente para no incrementar el perjuicio político y social que la prisión preventiva provoca en este caso.
En contra de la prisión preventiva de los dirigentes catalanes independentistas existen razones jurídicas y políticas. Jurídicamente, se ha repetido que la prisión preventiva de quienes aún son considerados inocentes es una medida cautelar excepcional que sólo debe acordarse cuando resulta imprescindible y que resulta desproporcionada cuando no lo es. En estos casos, el juez instructor ha acudido al criterio legal del “riesgo de reiteración delictiva” para mantener la prisión. Desde luego, valorar ese riesgo siempre supone formular un pronóstico y, por tanto, la ley asume que quien no aprecie riesgo puede equivocarse. Pero el criterio legal significa que sólo debe acudirse a la prisión cuando el riesgo sea palpable, evidente y sólo evitable mediante la prisión. Creemos que las declaraciones judiciales de los investigados deberían considerarse suficientes para pronosticar que no existe riesgo de “reiteración delictiva”, porque lo que dice la ley es que se valore el riesgo, no que se acuda a la prisión para eliminarlo absolutamente: si la ley pretendiera el riesgo cero, sencillamente, no habría dejado espacio a la valoración y hubiera fijado la prisión preventiva en todo caso. Dejando de lado que la ideología de los detenidos, obviamente, no debería fundamentar pronóstico alguno de peligrosidad.
Junto al argumento jurídico, ¿hay razones políticas contra esta decisión judicial? . No se trata de reclamar que los jueces sirvan a unos u otros objetivos políticos, aunque cuando se judicializan asuntos como este, es imposible evitar que las decisiones judiciales, intencionadamente o no, sirvan objetivamente a unos u otros. Pero cuando los jueces se encuentran con un caso que, inevitablemente, tiene grandes consecuencias políticas, no deberían abordarlo como si operaran desde una burbuja totalmente aislada de la realidad. Por no creerlo, no lo cree ni el artículo 3 del Código Civil español, que orienta a aplicar las leyes teniendo en cuenta la “realidad social del tiempo en que deban ser aplicadas”. Y esa realidad social, en el conflicto catalán, empuja a aplicar la ley en sus mínimos imprescindibles, sin buscar una aplicación de máximos orientada a lograr la intervención más invasiva posible.
Que la intervención jurídica sea mínima, no sólo está políticamente indicado, sino que además, es coherente con el programa de política penal dibujado en la Constitución española (sí, programa constitucional de política penal) que, proclamando en su primer artículo la libertad y el pluralismo político como valores superiores, ha permitido desarrollar una jurisprudencia basada en lo que se conoce como favor libertatis, es decir, favorecimiento de la libertad si entra en conflicto con otros intereses no prevalentes. O la que considera desproporcionadas las intervenciones cuyos perjuicios para la libertad son superiores a los supuestos beneficios de la intervención coactiva.
A nuestro juicio, ni jurídicamente, ni desde la política penal dibujada por el marco constitucional existen argumentos para mantener la prisión preventiva de los dirigentes del proceso catalán: no es necesaria y provoca muchísimos más problemas de los que soluciona. Pero, precisamente porque este es un consenso mayoritario en la sociedad catalana, no debe impedir seguir trabajando en su reconstrucción y en contra de las opciones que, conscientemente o no, se orientan a destruirlo.