Trapero agota su último recurso ante el Supremo contra su procesamiento
La defensa cree que la acusación es “un disparate”, pero la Fiscalía la mantiene
De momento, nada parece moverse en el terreno delos procesos penales abiertos en relación con los hechos ocurridos en Catalunya durante los pasados meses de septiembre y octubre. Si la semana pasada la Fiscalía pidió que se mantuvieran los procesamientos por rebelión dictados por el Supremo contra los exmiembros del Govern y la Mesa del Parlament, ayer hizo la misma solicitud ante la Audiencia Nacional y en relación con el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la excúpula de Interior, con el importante matiz de que aquí las imputaciones son por el delito de sedición y pertenencia a organización criminal.
La defensa, a su vez, puso literalmente el grito en el cielo. Lo hizo, en particular, el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, defensor del expresident Puigdemont en el Supremo, y en la Audiencia Nacional de los exresponsables políticos de la policía autonómica Cesar Puig y Pere Soler. Para Alonso-Cuevillas algunas de las tesis de la Fiscalía son un “disparate jurídico”, en particular las que se refieren a que la supuesta concertación de los antiguos integrantes de la cúpula de Interior con sus jefes políticos les convierte a todos en una “organización criminal”, puesto que habrían actuado de consuno para atacar el orden constitucional. Para el defensor de estos procesados dicha acusación equivale a tratar a los imputados como miembros de “una organización mafiosa”.
El auto de procesamiento al que se refiere el recurso visto ayer en la Audiencia fue dictado por la juez de esta instancia Carmen Lamela el pasado 4 de abril. La tesis de la magistrada, compartida por la Fiscalía, es que Trapero, Puig y Soler cometieron un delito de sedición por la “total inactividad” de los Mossos el 1-O, en contra de las órdenes judiciales que habían recibido para que impidieran la celebración del referéndum convocado por el Govern. Y en relación con los hechos ocurridos en la Conselleria d’Economia los días 20 y 21 de septiembre pasado, la juez y la Fiscalía de la Audiencia responsabilizan al mayor de los Mossos d’Esquadra, atribuyéndole otro delito de sedición, la misma acusación que se dirige contra Teresa Laplana, la intendente de la policía autonómica que estuvo en dicho departamento durante la concentración de manifestantes contrarios a los registros que se estaban practicando.
Dicho auto ya fue objeto de un primer recurso, el de reforma, planteado ante la propia magistrada, quien lo rechazó el pasado 23 de abril. El planteado ayer, de apelación, lo resolverá la Sala Penal de la Audiencia. El tribunal está presidido por la magistrada Concha Espejel, que es la presidenta de dicha Sala.
Durante la vista del recurso, la defensa hizo especial hincapié en la existencia de material probatorio que demostraría que los Mossos atendieron en todo momento las órdenes judiciales recibidas. Alonso-Cuevillas subrayó en este sentido que “consta sobradamente en todas las reuniones previas” a la celebración del referéndum del 1-O que la policía autonómicas dejó claro que cumpliría con los mandatos de los jueces. El defensor de Puig y Soler aludió en estos términos a las reuniones registradas a finales de septiembre entre la excúpula de Interior y el expresident Puigdemont, el exvicepresident Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn. Trapero declaró ante Lamela que en esos encuentros expresó al Govern su preocupación por el mantenimiento de la seguridad ante la convocatoria del referéndum.
La juez de la Audiencia Nacional estima que la cúpula de los Mossos actuó como “una organización criminal”