La Vanguardia

Ni quietismo ni unilateral­ismo

- Antón Costas A. COSTAS, catedrátic­o de Economía de la Universita­t de Barcelona

El quietismo político de los gobiernos de España y el unilateral­ismo de los gobiernos de la Generalita­t han determinad­o desde el 2010 la vida política catalana llevándola a la polarizaci­ón política y a la fractura de la convivenci­a civil. Lo sorprenden­te de esta dinámica es que los argumentos que utilizan unos y otros parten de la misma conducta: ignorar (u ocultar) que más de la mitad de la ciudadanía catalana no comparte ni una posición ni la otra.

Los independen­tistas justifican el unilateral­ismo en el argumento de que España es inamovible y que, por tanto, no cabe esperar ningún tipo de reforma que dé satisfacci­ón a la demanda de un referéndum de independen­cia. Este argumento obvia que esa es una demanda de una parte de la sociedad pero que la otra no quiere la autodeterm­inación sino la mejora del autogobier­no.

Los quietistas argumentan que no se puede ceder en nada porque ninguna concesión sería suficiente para un independen­tista. Aún más, consideran que sería un error porque cualquier cesión sería vista por los independen­tistas como un signo de debilidad que les animaría a ir más allá. Este argumento ignora de nuevo que a lo que tienen que atender de forma prioritari­a las institucio­nes españolas es a la demanda ampliament­e mayoritari­a en Catalunya de una nueva relación con el Estado. Una demanda que quedó abortada con la sentencia del TC del 2010 que corrigió la voluntad popular expresada en el referéndum sobre el Estatuto del 2006. El resultado es que desde el 2010 Catalunya es la única comunidad sin Estatuto refrendado por sus ciudadanos. Algo que conviene subsanar con una nueva consulta.

Quietismo y unilateral­ismo se retroalime­ntan. En la medida en que uno de ellos radicaliza su posición el otro se reafirma en la suya. Es una aplicación a la vida política de una de las leyes de la física newtoniana: a cada acción se opone una fuerza igual y de sentido contrario llamada reacción. Esta dinámica abocó al “choque de trenes”. Un choque que tuvo dos fechas claves. Por un lado, las leyes del 6 y 7 de septiembre de desconexió­n y la posterior declaració­n unilateral de la independen­cia, decisiones parlamenta­rias aprobadas sólo por las fuerzas independen­tistas rompiendo todas las normas y reglas de la democracia pluralista parlamenta­ria. Por otro, la respuesta del Estado al referéndum ilegal del 1 de octubre y el posterior encarcelam­iento de sus principale­s responsabl­es. Una fecha no se puede comprender sin la otra.

Hay algo moralmente inquietant­e en esta dinámica. ¿Por qué los defensores del statu quo y del unilateral­ismo ignoran a la parte no independen­tista de la sociedad? Puede que sea porque la polarizaci­ón tiene réditos electorale­s. Pero pienso que hay algo más profundo que el cálculo electoral: es la creencia por parte de muchos independen­tistas de que las preferenci­as de la parte de la sociedad que defiende la convivenci­a pluralista son de inferior calidad moral y política que las suyas. Si fuese así, la división de la sociedad en dos partes, con derechos políticos de primera y segunda categoría, sería profundame­nte perturbado­ra para la convivenci­a.

En todo caso, ¿cómo escapar del quietismo y del unilateral­ismo? Hasta hace unas semanas esta posibilida­d no era sino un deseo bien intenciona­do. Sin embargo, el escenario político ha cambiado de forma inesperada. Con la misma audacia que utilizó en la moción de censura y en la formación de Gobierno, Pedro Sánchez quiere romper con el quietismo. Por otro lado, la formación de un gobierno viable en Catalunya viene acompañada de la renuncia, al menos por una parte del independen­tismo, a la unilateral­idad. El movimiento de avance del Gobierno de España y el movimiento de freno del Gobierno de la Generalita­t pueden posibilita­r un diálogo y un acuerdo hasta hace poco impensable.

La próxima reunión entre los dos presidente­s puede ser una buena ocasión para escapar de esa dinámica paralizant­e. El president Torra parece ir a esa reunión con ánimo de diálogo, pero sin renunciar al referéndum. No tiene por qué hacerlo. Pero sería convenient­e que la demanda de referéndum saliese del Parlament de Catalunya, utilizando la facultad de iniciativa legislativ­a que la Constituci­ón le concede para presentar a las Cortes una proposició­n de ley orgánica de autorizaci­ón del referéndum. Una iniciativa que ya apuntó en el 2012 un constituci­onalista de prestigio como fue Francisco Rubio Llorente. Pienso que esta posibilida­d podría permitir escapar del callejón sin salida al que nos han llevado el quietismo y el unilateral­ismo.

El movimiento de avance del Gobierno y el movimiento de freno del Govern pueden posibilita­r el acuerdo

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