Los centros que albergan animales intervenidos sufren graves carencias

En España no existe un centro de rescate de referencia para depositar con inmediatez los animales incautados y garantizar así su supervivencia. Ese sería el paso previo para organizar su devolución al país de origen o su traslado a un centro especializado que pueda alojarlo de manera permanente.

En total, hay 35 centros que albergan especímenes vivos decomisados (cerca de 13.000 especímenes de más de 200 especies diferentes). Sin embargo, tan sólo cinco de estos centros cuentan con el correspondiente convenio de colaboración con la Administración, por lo que son una respuesta insuficiente al problema.

A esto se añade el hecho de que la aportación económica que hacen las autoridades con estos acuerdos es insuficiente; apenas cubre una parte mínima del coste de manutención (a veces menos del 10%). Voluntarios, donativos, oenegés o ayudas internacionales suplen esa carencia. De hecho, la Administración desvía su responsabilidad hacia estos centros privados, revela el informe de WWF. La ausencia de un registro de especímenes dificulta, además, el seguimiento de los animales en depósito.

Además, faltan planes de retorno de los ejemplares intervenidos, que en muchos casos, acaban el resto de sus vidas en instalaciones poco adecuadas. “Poder reintegrar estos ejemplares a su estado silvestre debería ser una prioridad para las autoridades, sobre todo cuando se trata de las especies más amenazadas y cuyo comercio internacional está prohibido” (Apéndice I), dice Luis Suárez, experto de WWF.

La gestión de las especie e incautadas es una asignatura pendiente de nuestras administraciones. El resultado son los casos de muertes de ejemplares, acumulación de los animales o falta de control. “A veces, incluso, con más frecuencia de la deseable, no queda más remedio que dejar los animales en manos de los infractores, quienes sin duda seguirán infringiendo la ley si el beneficio que obtienen es superior a las sanciones”, esgrime el informe. En él, se echa en falta también una mayor coordinación entre las administraciones que intervienen (Ministerio de Economía y Aduanas) y entre estas y las autoridades científicas. La consecuencia ha sido los últimos años “una relajación en la vigilancia y la aplicación del Cites, lo que ha dejado espacio a fraudes administrativos o al crecimiento de redes criminales”.

Por todo ello, se pide aumentar el presupuesto, el personal o poder adquirir equipo técnico para el control y vigilancia. Con relación al problema que supone el tráfico de angulas y de aves rapaces, se juzga urgente efectuar investigaciones específicas para detectar posibles organizaciones de pudieron estar actuando en España de forma inadvertida hasta el momento.