Equiparación salarial, una mala idea
Uno de los daños colaterales de la lamentable intervención policial la jornada del 1-O ha sido la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas. En nombre de la igualdad de todos los españoles, la equiparación se convirtió en una bandera de Ciudadanos, que no sólo se apuntó a una manifestación multitudinaria en Barcelona el 20 de enero del 2018, sino que amenazó con vetar los presupuestos si no la incluía. El gobierno del PP no resistió y se comprometió a aplicarla progresivamente a partir de la nómina de septiembre. Ahora bien, esta equiparación es demagógica, es injusta y es perjudicial para el interés público. Vemos por qué.
Es demagógica porque la “igualdad de todos los españoles”, entendida como uniformidad total, es incompatible con la autonomía municipal y de las comunidades, y, por tanto, vacía de contenido la capacidad normativa de los parlamentos autonómicos. Por otra parte, en ningún momento se ha tomado en consideración si las condiciones laborales (jornada, vacaciones, jubilaciones, etcétera) son diferentes entre los cuerpos objeto de equiparación.
Aceptamos, sin embargo, que las condiciones laborales fueran idénticas y que un policía nacional y un mosso deban cobrar lo mismo “porque hacen el mismo trabajo”.
La demagogia de la igualdad nominal perjudica tanto a las comunidades más ricas como a las más pobres
En este caso, habría que tener presente el coste de la vida, que es muy diverso en la geografía española. Por ejemplo, es un 20% más bajo en La Rioja que en Catalunya, y, por tanto, a igual salario, un guardia civil en Alfaro cobraría un 20% más que un mosso en Cornellà.
El hecho de que los funcionarios cobren el mismo salario nominal (o sea, en euros) en todo el territorio no sólo es injusto, sino que es perverso para los intereses colectivos. Lo mismo ocurre con otros mecanismos de homogeneización salarial, como los convenios colectivos centralizados y como un salario mínimo interprofesional común a toda España. Todos estos mecanismos hacen que en unas comunidades (Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra) los salarios sean demasiado bajos en relación con los precios y que en otras (Extremadura, Asturias, Castillas, Rioja, Andalucía, Galicia) sean demasiado altos. Esto constituye una ventaja competitiva para las primeras y una desventaja para las segundas, lo que explica –entre otros factores– por qué las primeras siguen creciendo más deprisa y por qué el paro es crónico en las segundas.
Los salarios no son el único campo en el que la demagogia de la igualdad nominal de los españoles perjudica a todos. El hecho de que la financiación autonómica se base en la igualación de los servicios públicos (los mismos euros per cápita para sanidad, etcétera) hace que unos reciban demasiado poco (porque son más caros de proveer) y que otros puedan proteger demasiado eficazmente a su paro (porque les sobra). El resultado es que una España vive demasiado mal mientras que la otra España queda condenada a la dependencia.