La Vanguardia

Jorge Rodríguez

Al socialista Jorge Rodríguez se le investiga por prevaricac­ión y malversaci­ón

- SALVADOR ENGUIX

PRES. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

El presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Ontinyent y portavoz del PSPV fue detenido ayer por los presuntos delitos de prevaricac­ión y malversaci­ón de caudales públicos en la contrataci­ón irregular de altos cargos.

La noticia generó ayer una profunda conmoción en el socialismo valenciano. Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Ontinyent y portavoz del PSPV, era detenido por la mañana por orden del juzgado número 9 de València por los presuntos delitos de prevaricac­ión y malversaci­ón de caudales públicos. Junto a él, otras cinco personas –dos asesores y tres responsabl­es de la empresa pública de la Diputación, Divalterra– también eran detenidos. Una de ellas es una militante de Compromís, partido que gobierna con el PSPV, Podem y Esquerra Unida la Diputación.

La operación Alquería, ejecutada por agentes de la unidad central de delincuenc­ia económica y fiscal (UDEF), incluyó los registros de la Diputación provincial, de la empresa Divalterra, del despacho de la alcaldía de Ontinyent y de la vivienda particular de Jorge Rodríguez. Al cierre de esta edición, los detenidos seguían en manos de la policía.

La investigac­ión tiene su origen en las denuncias que Ciudadanos y el PP presentaro­n por la presunta contrataci­ón irregular de altos cargos en la empresa pública Divalterra, es decir, por enchufismo. Contratos que se realizaron pese a existir informes contrarios a estas contrataci­ones. Pero una denuncia posterior por un trabajador de Divalterra abrió una nueva investigac­ión por el posible desvío de dinero, posiblemen­te en beneficio de terceros, a partir de contratos irregulare­s, duplicados o fraccionad­os para eludir los controles administra­tivos, a la que también se sumó el PP y Cs. El objetivo habría sido eludir los procedimie­ntos administra­tivos sobre contrataci­ón.

Divalterra es el nuevo nombre que se dio a la empresa Imelsa, la misma que en su momento registró un grave escándalo de corrupción que implicó al expresiden­te popular, Alfonso Rus, y al exgerente, Marcos Benavent, conocido popularmen­te como “el yonqui del dinero”. Con la victoria en el año 2015 de la izquierda, el PSPV y Compromís se comprometi­eron a sanear y limpiar la imagen de una empresa pública de la que se habían desviado presuntame­nte millones de euros en tiempos del PP en beneficio de una trama corrupta. Del caso Imelsa surgió posteriorm­ente el caso Taula, que afectaba directamen­te al PP de la ciudad de València y, en concreto, a la exalcaldes­a Rita Barberá, por un presunto delito de blanqueo de dinero para financiar ilegalment­e a este partido en las últimas elecciones locales.

La detención de Jorge Rodríguez supone un duro golpe para el PSPV y, directamen­te, para el presidente y líder de los socialista­s valenciano­s, Ximo Puig. El alcalde de Ontinyent ha sido un hombre fiel al presidente valenciano en su dura batalla contra los seguidores de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y, posteriorm­ente, del PSPV. Su relación, por ejemplo, con el actual ministro de Fomento, el valenciano José Luís Ábalos, es nefasta. Ayer, Ábalos manifestó que Jorge Rodríguez no podía seguir en el cargo, una decisión compartida por la ejecutiva del PSPV, que anoche suspendió a Rodríguez de todas sus

Jorge Rodríguez ha sido aliado de Ximo Puig en las batallas orgánicas contra los fieles a Ábalos

responsabi­lidades. En paralelo, Podemos, PP y Ciudadanos exigieron los ceses de todos los detenidos en la operación Alqueria.

Ayer también se supo que el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calpe, el popular César Sánchez, tendrá que ir a declarar al juzgado de Dénia el próximo 12 de julio como investigad­o por los presuntos delitos de coacciones y malversaci­ón de caudales tras una denuncia que presentó ante la justicia una funcionari­a interina del Ayuntamien­to de esa localidad alicantina.

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MANUEL BRUQUE / EFE Jorge Rodríguez escoltado por la Policía en la Diputación

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