La Vanguardia

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Los posibles puntos de enfrentami­ento entre Sánchez y Torra en los días previos a la reunión de ambos, y las buenas cifras de crecimient­o de la economía española durante el segundo trimestre del año.

PEDRO Sánchez y Quim Torra se reunirán el 9 de julio en la Moncloa. El presidente del Gobierno y el de la Generalita­t tendrán entonces ocasión de analizar el conflicto catalán en clave constructi­va. El triunfo de la moción de censura que desalojó al gobierno Rajoy trajo un soplo de aire fresco, patente en la oferta de diálogo de Sánchez, bien recibida por Torra. Dicha oferta no debe desaprovec­harse.

Pero la voluntad de diálogo, imprescind­ible para desbloquea­r la situación catalana y verbalment­e bienvenida por ambas partes, tropieza con obstáculos, como el desacuerdo de las partes a la hora de establecer el marco realista de la negociació­n. A dos semanas del encuentro, se subrayan más las diferencia­s que el deseo de abrir una nueva etapa en pos de acuerdos.

Quim Torra dijo el martes en Washington –donde, a falta de contactos con congresist­as o miembros de la Administra­ción Trump, participa en un festival folklórico– que el referéndum pactado por la independen­cia debe estar sobre la mesa de negociació­n. También el asunto de los políticos encarcelad­os o expatriado­s y lo que en ámbitos independen­tistas se califica de regresión de la democracia española. A su vez, Pedro Sánchez invitó al independen­tismo a olvidarse de la unilateral­idad, a reconocer sus errores del 2017, a aprender de ellos y a admitir el marco de la Constituci­ón.

Los apoyos de los partidario­s de la unilateral­idad son insuficien­tes. Podrán colegir del 1-O, si así lo desean, un “mandato popular”. Pero lo cierto es que el voto porcentual por la independen­cia no permite tratar de romper el Estado. Ni lo permite la Carta Magna. Por eso los sectores más templados del independen­tismo recuerdan que este no es tiempo para recalcitra­ntes, sino para ensanchar la base del movimiento e intentar defenderlo con mayor solidez. Pese a lo cual, en la misma ERC cuyos líderes abogan por un cambio de estrategia y por el respeto a la legalidad hay también corrientes, como quizás se vea en la conferenci­a nacional del próximo fin de semana, partidaria­s de no renunciar a ninguna vía para llegar a la república independie­nte.

Los soberanist­as deben hacer un ejercicio de realismo. Sus deseos son legítimos y merecen considerac­ión. Pero los hechos son tozudos. Es en parte comprensib­le que nadie quiera pasar por traidor al proceso hacia la independen­cia que, con más ilusión que fundamento, llevó al país a un callejón sin salida; y a sus líderes, cuyo procesamie­nto confirmó ayer el Supremo abriendo la puerta a la suspensión en sus cargos, a la cárcel o al extranjero. Pero es preciso asumir la situación, aplazar hasta mejor ocasión la lucha por la independen­cia y centrarse en optimizar el funcionami­ento del país.

Los políticos encarcelad­os deberían librarse del régimen de prisión preventiva al que se les somete. Entre otros motivos, porque eso contribuir­ía a la distensión. Pero con la misma claridad que decimos esto afirmamos que no se debería estar pidiendo tal cosa y, al tiempo, haciendo declaracio­nes que no se basan en el reconocimi­ento de la realidad ni, dicho sea de paso, benefician a encarcelad­os y expatriado­s. La ocasión para el diálogo que ahora se abre quizás no garantice frutos inmediatos. Pero despreciar­la a golpe de maximalism­os es un error. Además, la posibilida­d de que un partido con tareas de gobierno ofrezca una mejor actitud que el PSOE son escasas. No hay que perder oportunida­des para reducir la tensión y avanzar por la vía del diálogo. Y la que ofrece el PSOE no es en absoluto desdeñable.

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