La mili vuelve a Francia
No será una nueva mili, pero sí habrá una componente de seguridad y defensa
El Gobierno Macron sigue adelante con el Servicio Nacional Universal, una formación de carácter cívica y militar, obligatoria, que deberán cumplir todos los chicos y chicas franceses a los 16 años, que quiere impulsar la cohesión entre diferentes clases sociales.
Emmanuel Macron está decidido a reformar y modernizar Francia, para dinamizar su economía y hacer más ágil su Administración, al tiempo que se preservan sus valores como país y su cohesión interna. Para lograr estos últimos objetivos, y pensando a largo plazo, ayer el Gobierno francés anunció que sigue adelante el plan de crear el Servicio Nacional Universal (SNU), una especie de breve mili civil, obligatoria, de sólo un mes de duración, que chicos y chicas efectuarán a los 16 años durante sus vacaciones escolares.
Faltan todavía muchos detalles por concretar sobre el nuevo servicio, una promesa electoral del presidente de la República, pero lo importante es que el proyecto ha llegado ya al consejo de ministros y empieza a saberse cómo quiere llevarse a cabo.
La fase obligatoria del SNU se distribuirá en dos periodos de dos semanas cada uno. En el primero, destinado a fomentar la “cohesión” y a evaluar el estado de salud y el nivel de alfabetización de los jóvenes, se desarrollará en un alojamiento colectivo. El segundo periodo será más individualizado, en virtud de las preferencias de cada cual, ya sea en el ámbito de la seguridad y la defensa, el cuidado del medio ambiente, la ayuda social u otras actividades de voluntariado para el bien público. Al final se obtendrá un diploma. Quienes lo deseen, hasta la edad de 25 años, tendrán la posibilidad de realizar una ampliación voluntaria del SNU, de 3, 6 o 12 meses, con la posibilidad de ser remunerados por su trabajo.
El Gobierno francés pone mucho énfasis en que no se trata de reimplantar una versión exprés y reducida el servicio militar, que fue suprimido hace más de 20 años. Los propios militares, hoy exclusivamente profesionales, no veían con buenos ojos esta posibilidad. Un mes era un periodo demasiado breve. Se hubiera provocado un gran desbarajuste organizativo. En el SNU sí habrá una dimensión de seguridad y defensa, pero en forma de charlas impartidas por militares y de algunos conocimientos básicos sobre amenazas existentes, formas de reaccionar y rudimentos de primeros auxilios.
La idea de Macron, expresada también ayer por el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, es que el nuevo servicio nacional contribuya a reforzar el sentimiento de pertenencia, a construir una sociedad más capaz de resistir a las adversidades y a desarrollar la cultura del compromiso. Se quiere que el SNU ayude a la interacción entre jóvenes de estratos sociales diferentes y de variadas procedencias territoriales. Esa función la hacía el viejo servicio militar y hoy no hay nada que la supla, ni siquiera la escuela pública.
El SNU plantea una complejidad logística considerable y no puede surgir de la noche a la mañana. Lo advierte el general de división Daniel Ménaouine, encargado por el Gobierno de elaborar un informe –de 82 páginas–, con recomendaciones, en el que se trazan las líneas maestras del proyecto. La puesta en práctica del servicio se hará, por tanto, de manera gradual. Empezará en el 2019 y no afectará a todos los jóvenes hasta dentro de tres o cuatro años.
Uno de los principales interrogantes
Macron quiere reforzar la cohesión social, la interacción entre jóvenes de origen social y geográfico diverso
del SNU es su coste. El informe del general Ménaouine habla de 1.750 millones de euros para ponerlo en marcha y de entre 1.000 y 1.500 millones de presupuesto anual. El ministro Blanquer advirtió que estas cifras no condicionan al Gobierno, una forma de admitir que el precio puede ser mucho más alto.
Son muchas las entidades afectadas por el SNU, desde las propias fuerzas armadas a los bomberos, la policía, los servicios de protección civil, los ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas. El alojamiento y la manutención de una media de 800.000 jóvenes durante dos semanas al año puede ser uno de los apartados más caros del proyecto, aunque esté previsto que se utilicen albergues e instalaciones escolares ya existentes.