Polonia suaviza su ley del Holocausto que le enfrentó a Israel y EE.UU.
El Gobierno polaco dio ayer marcha atrás sobre su polémica ley del Holocausto para “defender el buen nombre de Polonia”, que aprobó hace cinco meses haciendo oídos sordos a las críticas de expertos y países aliados clave como Israel o EE.UU. La legislación ha sido “corregida”, en palabras del primer ministro, Mateusz Morawiecki, para suprimir las penas de hasta tres años de cárcel que preveía la versión original para quienes utilizasen el término “campos de concentración polacos” o responsabilizasen a Polonia o al pueblo polaco de complicidad en el exterminio de judíos por los nazis durante la II Guerra Mundial. A partir de ahora será un delito civil y no criminal; es decir, se castigará sólo con multas.
La enmienda fue aprobada en el Parlamento por 388 votos a 25, con cinco abstenciones, en una sesión agitada. Los diputados de la oposición calificaron la ley de “idiotez” y preguntaron por qué el Gobierno ha tardado tanto en enmendar una decisión que ha dañado las relaciones con aliados importantes.
Ley y Justicia, el gobernante partido conservador-nacionalista, había defendido que la ley protegería la reputación del país ante la prensa extranjera, que a menudo llama “polacos” a campos de exterminio nazis como Auschwitz a pesar de que Polonia estaba ocupada. Pero la ley –que estaba siendo estudiada por el Tribunal Constitucional y no había sido aplicada– suscitó una oleada de críticas y una grave crisis diplomática con Israel que, al igual que muchos expertos, vio un intento de reescribir la historia y poner límites a la investigación histórica. EE.UU. advirtió que la ley coartaba la libertad académica y amenazaba la “posición estratégica” de Polonia. Ha sido la presión internacional lo que ha llevado a mover ficha al Gobierno polaco, que mantiene un duro pulso con la UE por sus reformas del sistema judicial y no puede permitirse abrir un nuevo frente con EE.UU., su gran aliado frente a la amenaza rusa.
El primer ministro, Mateusz Morawiecki, reconoció ayer que si bien el objetivo era “luchar por la verdad”, las sanciones penales “paradójicamente” provocaron “tantas controversias que eran contraproducentes”. Hay que tener en cuenta el contexto internacional, añadió.
El jefe del Congreso Mundial Judío, Ronald Lauder, aplaudió la decisión y el Instituto de Memoria del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, habló de “un desarrollo positivo en la buena dirección”.
El paso puede costarle votos nacionalistas a Ley y Justicia. Robert Winnicki, diputado del partido ultra Movimiento Nacional, acusó al Gobierno de claudicar ante los intereses judíos.