Un juez da 30 días para reunificar a las familias separadas al llegar a EE.UU.
Las denuncias presentadas contra la política de la Administración Trump de separar sistemáticamente a los niños de los padres que cruzaban ilegalmente la frontera empiezan a tener consecuencias. Un juez federal de San Diego ha ordenado al Gobierno estadounidense que reunifique a todas las familias separadas en el plazo de 30 días, 14 en el caso de los niños menores de cinco años, y no ejecute deportaciones hasta que no se reúna a los afectados con sus hijos. Los abogados de las diferentes agencias implicadas en el complicado proceso estudiaban ayer cómo actuar ante la orden del juez, que no descartan recurrir.
Según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Interior, la política de tolerancia cero de la Administración Trump afectó a más de 2.500 menores de edad. Medio millar de ellos, probablemente los que aún estaban en campos de detención y no habían sido enviados a centros para menores o familias de acogidas por todo el país, han sido devueltos a sus padres. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alez Azar, admitió el martes en una audiencia en el Senado que no saben cuánto tiempo tardarán en completar el proceso.
El sistema es opaco y confuso, “caótico”, según el juez Dana M. Sabraw. La separación de las familias se desmarcó del principio de “justo proceso incluido en nuestra Constitución” para dar paso a “unas circunstancias caóticas creadas por el propio Gobierno”, afirma el auto, que considera “alarmante” que el Gobierno no hubiera planificado previamente antes de decidir retirar a los niños de los padres sometidos a juicio por cruzar ilegalmente la frontera. Sólo en los casos en que los adultos representen un peligro para los menores con los que viajan deberían ser separados de sus padres, recalca el juez.
La orden temporal del juez tiene su origen en la denuncia que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó hace unas semanas a raíz del caso de una demandante de asilo de origen congolés, L., una mujer de 39 años que nada más llegar a Estados Unidos para pedir protección fue separada de su hija, de siete años. Logró reunirse con ella cuatro meses después pero la ACLU persistió en la demanda basándose en casos de otros migrantes afectados por una política que, advierten, causa “daños irreparables” en los padres y en los hijos.
La orden cautelar critica que el Gobierno ha creado él solo “unas circunstancias caóticas”