Interior agiliza el traslado de los presos del 1-O con el visto bueno de Llarena
El magistrado dice que no precisa de la presencia de los acusados cerca del Supremo
Los presos del caso 1-O serán trasladados pronto a cárceles catalanas. En las prisiones en que se encuentran en Madrid ya se están realizando trámites con esa finalidad. El Gobierno quiere que estas gestiones sean rápidas. Una de ellas ha consistido en consultar al juez del Supremo encargado del caso, Pablo Llarena. Al magistrado se le preguntó si tenía inconveniente en que se produjese el traslado, y ayer contestó mediante una providencia que no precisa de la presencia de los procesados en cárceles próximas al Supremo. En definitiva, que no se opone a que dichos presos sigan en situación de prisión preventiva en cárceles de Catalunya. Salvo imprevistos, el traslado puede ser, por tanto, cuestión de días.
Si se consiguiera realizar dichos trámites antes del próximo día 9 de julio, la entrevista entre el presidente, Pedro Sánchez, y el president Quim Torra tendría un horizonte algo más despejado. De momento, los directores de las prisiones están realizando un informe preceptivo para comprobar el arraigo en Catalunya de los demandantes del traslado. Una medida así hay que motivarla. Todos ellos han aludido a sus respectivas situaciones familiares para justificar su petición. Cuando se disponga de esos informes, se remitirán a la Generalitat. Hay que recibir la conformidad de las autoridades penitenciarias catalanas con el traslado. Nadie duda de obtenerlo, claro, pero el trámite es preciso.
La iniciativa en este asunto es, por tanto, plenamente política. Al juez le corresponde un papel secundario. Él mismo lo dijo recientemente en un auto. Los abogados, que lo saben, ya habían formulado sus solicitudes en la ventanilla correcta, que es la de Interior. El Gobierno, en todo caso, no quiere problemas con el Supremo, que bastante preocupado está ahora con la posibilidad de que la suspensión de los cargos públicos procesados en firme plantee dificultades. De ahí la consulta sobre los presos a Llarena. La finalidad de todo es no complicarle el cierre del sumario. La respuesta del magistrado, a su vez, la que cabía esperar. Es un nihil obstat al traslado. Pero dejando claro que esa vela es de otro palo. “Particípese a los directores de los referidos centros –dice el juez en referencia a las cárceles en que están los presos del caso 1-O–, que no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la
Se elaboran informes para justificar la marcha de los presos por su arraigo en Catalunya
Los abogados han cursado las primeras peticiones de traslado a prisiones catalanas
decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación”. Típica prosa judicial para decir que vale, que no hay problema, que vosotros veréis.
Más compleja puede ser la cuestión de la ejecución de la medida relativa a la suspensión de siete de los procesados –Puigdemont, Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Sànchez y Comín– en sus cargos públicos como diputados del Parlament. El Supremo se va a tomar un tiempo. La previsión legal, contenida en el artículo 384 bis del Código Penal, es que los procesados en firme por rebelión para los que se haya acordado prisión queden suspendidos en los cargos públicos que puedan tener. Pero no se recuerdan precedentes. Falta, por tanto, doctrina sobre la materia, sobre cómo hay que ejecutar dichas previsiones legales. Lo que no quiere el Supremo es un choque con el Parlament. Por eso se está pesando cómo proveer dicha suspensión.
Una posibilidad es acordarla en una resolución específica. Pero en el Supremo predomina el criterio de que no es necesario, porque no se trata de decidir sobre algo disponible, que permita alternativas. Lo previsto es la suspensión y, en principio, no cabe discutirlo. Pero en derecho raro es lo que no se discute. Y cabe la posibilidad de que el asunto se debata, y no poco, si el Supremo envía finalmente una mera notificación al Parlament sobre la situación de los procesados en firme por rebelión, con el fin de que la Cámara catalana proceda en consecuencia a los efectos legalmente previstos. La pregunta es: ¿y si no lo hace, y si hay resistencias? Es probable, por tanto, que no haya respuesta del Supremo sobre la cuestión de la suspensión hasta la semana que viene. Mientras, los binoculares del TS están puestos sobre el Parlament y sus grupos políticos. Que hablen, que discutan, y ya recibirán en su momento la notificación oficial.
Una de las torres vigía desde las que se escruta a la Cámara catalana es la de la Fiscalía. En el asunto del traslado de presos los fiscales no intervienen. Pero la satisfacción que produce en la Fiscalía la inminencia del traslado de los procesados es perfectamente descriptible. Ahora bien, la Fiscalía tiene una titular nueva, María José Segarra, que hoy será nombrada por el Consejo de Ministros fiscal general del Estado.
Segarra es de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de toda la vida. La izquierda judicial y fiscal pura y dura. ¿Cómo encaja este perfil con el conflicto catalán? Ella lo dijo en el Congreso, con la Constitución en la mano. No cabe esperar vuelcos espectaculares en la acción de la Fiscalía sobre el caso 1-O. Pero entre el vuelco y la mera continuidad hay un riquísimo abanico de opciones y matices. Entre las cuales no entra, sin embargo, la de mirar para otro lado si el Parlament pone reparos a la suspensión de los citados diputados procesados por el 1-O. Dicho de otro modo, en la Fiscalía hay quien ya ha vuelto a desempolvar los artículos del Código Penal relativos al delito de desobediencia. ¿Una nueva querella en ciernes? Nadie la desea, y menos el Gobierno.
Entre tanto, ayer el Govern ya reaccionó al eventual traslado de los presos: “Lo que exigimos, lo que exige el pueblo catalán, es la liberación”,
LA RESPUESTA
Artadi afirma que “lo que exigimos, lo que exige el pueblo catalán, es la liberación”
afirmó Elsa Artadi.
Y al tiempo los presos han comenzado a apuntar sus preferencias de destino: Forcadell solicita el traslado a la cárcel de mujeres de Barcelona; Bassa, a la de Girona; Sànchez, a Quatre Camins, y Cuixart, a Brians II. El resto todavía no se ha pronunciado.