El pazo de Meirás
Todas las instituciones y los partidos gallegos reivindican que la residencia veraniega de Franco sea pública
Todas las instituciones y los partidos gallegos reivindican que la residencia veraniega del dictador Francisco Franco sea un espacio público.
El verano pasado los herederos de Francisco Franco encargaron la gestión de las visitas obligatorias al pazo de Meirás a la fundación que lleva el nombre del dictador, cuyo portavoz anunció que las usaría para ensalzar la figura del autócrata mientras desafiaba en público al presidente de la Xunta. Lo que podía parecer la recurrente polémica estival sobre la controvertida propiedad de la residencia veraniega en Galicia del militar ferrolano se convirtió, tras el fallecimiento de Carmen Franco, la puesta a la venta del inmueble y el reciente cambio en el Gobierno central, en el inicio de una tormenta perfecta que ha provocado un inédito y hasta hace poco impensable clamor de las instituciones y partidos políticos gallegos para que el pazo se incorpore al patrimonio público. Existen, de todos modos, discrepancias manifiestas sobre la vía para lograrlo y acerca de si puede tener algún coste económico.
El pasado miércoles el PP registró una proposición de ley en el Parlamento de Galicia a fin de instar a la Xunta para que gestione ante el Estado el inicio de las acciones legales precisas para que el pazo sea público. Los diputados populares reclaman así una actuación que durante décadas sólo defendía la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, con el solitario apoyo del BNG y, en los últimos años, de En Marea. La demanda se sustentaba en la falsedad del supuesto regalo que le hizo el pueblo de A Coruña al dictador, pues parte de la compra del inmueble se financió con aportaciones obligatorias de municipios y funcionarios. El PSOE respaldó en ocasiones esta petición, entendida más bien como una aspiración irrealizable, mientras el PP se oponía. El único paso que se dio desde la transición fue la declaración del pazo como bien de interés cultural, efectuada por la Xunta bipartita de PSOE y BNG.
El paso adelante de los populares de esta semana se produjo en el contexto del cambio de color del Gobierno central, que ya no les obliga a mantener equilibrios con el ejecutivo amigo de Madrid. Y llegó después de la presentación del informe de la comisión de expertos nombrada por la Xunta, presidida por el catedrático de Historia Xosé Manoel Núñez Seixas. La comisión aboga por que la administración central reivindique en el juzgado la propiedad del inmueble, al estar documentado que durante más de siete lustros fue la residencia veraniega del jefe del Estado, en la que se celebraron consejos de ministros y encuentros diplomáticos y cuyo mantenimiento y funcionamiento se sufragó con dinero público.
Las fuerzas políticas discrepan sobre cómo incorporar el inmueble al patrimonio público y si se debe pagar o no
Los expertos coordinados por Núñez Seixas señalan la posibilidad de que, en caso de prosperar la reclamación de la incorporación al patrimonio público, la justicia obligue a compensar económicamente a los Franco por los gastos de conservación de las últimas décadas. Se trata de una opción a la que se oponen En Marea y el BNG, partido éste que esgrime otro dictamen jurídico, el que impulsó desde la Diputación de A Coruña, para declarar nula la inscripción de la propiedad que efectuó Franco en 1941 de forma simulada. La siguiente palabra la tendrá el Gobierno de Sánchez.