Pisos accesibles a medias
Vecinos de Cornellà reclaman 400.000 euros al Ayuntamiento por fallos en viviendas teóricamente aptas para discapacitados
Dos versiones diametralmente opuestas que se discutirán ante los tribunales. En el año 2002, con José Montilla como alcalde, el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat alzó una serie de bloques de vivienda de protección oficial realizados por una empresa municipal –antes llamada Emducsa, ahora ProCornellà– que se vendieron como accesibles para personas con movilidad reducida. Se entregaron como una iniciativa pionera, pero los problemas no tardaron en aparecer: “Se me prometió un piso adaptado y realmente no lo estaba, me sentí engañada”, resume una de las vecinas afectadas, que se desplaza en silla de ruedas. “Tengo que pagarlo en 30 años”, se lamenta.
Durante quince años esta persona, y cuatro más con discapacidad, no han podido acceder a zonas comunes de la comunidad como el jardín o la piscina. Ahora continúan sin poder utilizar el terrado, por ejemplo. No todos aquellos pisos disponían de rampas, ni tampoco las puertas tenían el ancho necesario para el paso de una silla de ruedas. Algunos sí, otros no, según relatan los propietarios. Continúan con defectos tan simples como que las llaves de paso o el interfono están situados en lugares demasiado elevados para una persona que no se puede levantar.
“Los pisos nunca han sido accesibles, pero ese no es el único problema”, asegura Pedro Núñez, miembro de la comisión de vecinos que intenta solventar la situación. “El aislamiento término es insuficiente, hay diferencias de entre 4 o 5 grados entre una habituación y otra, con lo que aumenta nuestro consumo energético en invierno, tampoco el acústico está bien, se escucha todo”, describe.
La situación afecta a 104 pisos divididos en seis edificios que conforman la mancomunidad Can Fatjó III, situada en el barrio de Fontsanta Fatjó.
Después de años esperando una respuesta municipal, en el 2017 los propietarios decidieron invertir 55.000 euros de su propio bolsillo para habilitar los espacios comunes a las personas con movilidad reducida ocupándose de los escollos “más urgentes”, como por ejemplo las rampas. “Hasta entonces no podía bajar al jardín sin alguien que me ayudara con la silla de ruedas”, explica la vecina con problemas de movilidad. “Aunque los pisos tengan piscina son de protección oficial, la mayoría de gente que vive aquí somos trabajadores, sin grandes sueldos”, matiza Núñez. “También hay un problema de seguridad, las viviendas no están bien selladas, no me quiero imaginar lo que puede pasar si hay un escape de gas”, alerta el portavoz vecinal.
En unas semanas presentarán una demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Cornellà. Llevan dos años preparándola. “Reclamaremos una indemnización contractual por déficit en la construcción”, asegura el abogado que los representa, Eulogio Gallego. “Hay un incumplimiento del contrato”, considera este letrado. “El peritaje acabará de trabajar en unos días, pero no creo que la reclamación baje de los 400.000 euros”, insiste el jurista del bufete Euroforo Arasa de Miquel.
Un parecer muy distinto al del Consistorio, que contradice la versión de los vecinos. “En su momento hubo una reclamación y se dictaminó que las viviendas cumplían con las normativas vigentes en el año que se entregaron”, argumenta el teniente de alcalde de Territori y Sostenibilitat del Ayuntamiento de Cornellà, Manuel Ceballos. Desde la administración municipal se entiende que el procedimiento de venta de las viviendas se realizó de forma correcta y que en ningún caso hubo un fraude a los propietarios.
“En el 2010 se realizó una auditoría independiente para ver el tema del aislamiento acústico y, pese a que se corroboró que se cumplían las normativas, se actuó para mejorar la situación de los pisos”, recuerda el portavoz municipal. “Los vecinos fueron por la vía administrativa y no por la civil, por eso las reclamaciones no prosperaron en su momento”, discute el abogado que representa a la mancomunidad.
No fue la única promoción de la ampliación de este barrio con problemas. En otras fases el Ayuntamiento se encargó de solucionar la papeleta. “A nosotros se nos dijo en su momento que cuando acabaran con el resto de promociones comenzarían con la nuestra, pero entonces estalló la crisis económica y todo quedó parado y nosotros esperando”, evoca Pedro Núñez. “Desde entonces nos han hecho caso omiso”, resuelve.
“En algunas actas el Ayuntamiento se compromete a solucionar el tema y no lo han hecho”, insiste el abogado. “La última acta es del 2008, y estos casos prescriben en 10 años, por lo tanto todavía no lo ha hecho”, esgrime Eulogio Gallego. “Pero en todo caso se envió un burofax al Ayuntamiento en febrero de este año y, por lo tanto, el plazo ha vuelto a comenzar”, razona. “No han contestado al burofax”, lamenta el abogado de los vecinos. “Cada fase fue un proceso diferente”, replican desde el Ayuntamiento, que defiende que ha actuado de forma correcta a lo largo de todo este tiempo.
DISCREPANCIA
El Ayuntamiento de Cornellà asegura que las viviendas se entregaron cumpliendo la normativa
INNOVADORES
Los pisos adaptados para personas con movilidad reducida se vendieron como una iniciativa pionera