Sánchez y Torra quieren dar continuidad al diálogo
El líder socialista pondrá en marcha su agenda para Catalunya pase lo que pase en la Moncloa La Generalitat desea aprovechar el encuentro para resituar el conflicto en el terreno político
“Lo más importante en los programas televisivos de citas es si al final hay un segundo encuentro”, y el presidente de la Generalitat ya lo ha anunciado. Esa es la tesis que se impone en la Moncloa ante la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra que mañana debe servir para iniciar el “deshielo” entre el Gobierno central y el catalán y dejar atrás un paréntesis de seis años de partida de frontón.
Sin ninguna expectativa sobre el contenido del encuentro, los dos presidentes se concentran en las formas. De hecho, en la Moncloa se le da más importancia a la reunión como prueba del algodón sobre la voluntad de ir o no hacia un escenario de distensión que al documento que la consellera de Presidència, Elsa Artadi, remitió a la ministra Meritxell Batet como propuesta de orden del día.
El documento no tiene respuesta oficial del Gobierno central, sobre todo porque el contenido fue recibido con cierta decepción en comparación con el intercambio de propuestas que hubo antes de la reunión entre Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu, así que desde el Ministerio de Política Territorial se insiste en que “lo realmente rehasta levante es que el encuentro se produzca”.
El documento de página y media y en catalán arranca con un análisis del derecho a la autodeterminación –desde la posición de la ONU hasta la del PSOE–, plantea una “valoración de la actuación del Rey desde el 1 de octubre” e incluso pone en cuestión el respeto de los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Enuncia asimismo “aspectos por resolver”, apartado en el que la prioridad del Govern es denunciar “la existencia de presos políticos y exiliados y la persecución” del independentismo. No obstante, lo que más ha sorprendido en la Moncloa es el detalle de demandas para poner fin a la presencia del franquismo en el espacio “político y civil”. Se cita el Valle de los Caídos, el nomenclátor, las subvenciones a la Fundación Francisco Franco, los títulos nobiliarios y “los privilegios de los herederos del dictador”.
Otro apartado hace referencia a la “invasión de competencias”. Es ahí donde se acumulan las demandas sobre leyes sociales recurridas por el gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional y sobre las que la ministra Batet ya ha anunciado que están trabajando desde su departamento. El documento también pretende poner sobre la mesa de diálogo un apartado referente a la “regresión democrática y derechos civiles” en el que se hace referencia a la “operación Catalunya” y la judicialización de la vida política. La propuesta de orden del día concluye con un lacónico: “Proyecto del PSOE para Catalunya”.
El Gobierno de Sánchez no quiere enseñar sus cartas, pero lleva varios días preparando documentación para el presidente. De hecho, fuentes de la Moncloa aseguran estar preparados para “cualquier sorpresa o escenario”. También Torra ha mantenido contactos con Pere Aragonès, Elsa Artadi e incluso representantes de instituciones de carácter económico, además de las citas con Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El margen de maniobra es escaso, pero el propio Torra admite en privado que la reunión es “un hilo del que poder tirar”.
El president sostiene que el principal tema sobre la mesa es el derecho de autodeterminación, pero con el no de antemano de Sánchez a un referéndum pactado, en el Palau de la Generalitat se aferran a que sentarse frente a frente con Pedro Sánchez es ya una oportunidad. El primer contacto entre presidentes, en la polémica inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, ofreció una imagen de cordialidad, y la reunión en la Moncloa es “un gran paso” que sitúa el debate
EL DOCUMENTO Último punto del guion que Artadi envió a Batet: “Propuesta del PSOE para Catalunya”
LOS SOCIOS DEL GOVERN ERC quiere abrir un nuevo escenario y “evitar portazos prematuros”
en el terreno político. No augura que la reunión sirva para más que constatar dónde estamos y por qué –la situación no se puede normalizar con presos y exiliados, sostienen–, pero al menos habrá unas comisiones bilaterales y mixtas que “jueguen la partida”.
Se trata, consideran fuentes de la Presidència, de llegar a otoño, tras una segunda reunión con Sánchez en septiembre –esta en el Palau de la Generalitat a propuesta de Torra–, habiendo desescalado la tensión y profundizado en el debate político. El otoño es la clave.
La ANC, con Elisenda Paluzie, se ha convertido en dedo acusador de supuestas tibiezas independentistas y ha convocado la manifestación de la Diada con el lema “Fem la república catalana”. También se augura un aniversario reivindicativo del 1-O, y los juicios del proceso estarán a las puertas. Y aunque Torra defiende completar la legislatura, tal y como recordó Carles Puigdemont hace unas semanas puede convocar elecciones a partir del 27 de octubre.
Los movimientos de Torra están condicionados por las videoconferencias regulares con Puigdemont y la situación judicial del expresident en Alemania. Según sus colaboradores legales, la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein debería llegar antes del 14 de julio. Si no es así, podría demorarse hasta mediados de agosto, cuando los tribunales alemanes vuelven al trabajo. Puigdemont mantiene un perfil discreto en su presencia política pendiente de la decisión sobre su extradición y, aunque es optimista, también es consciente de que el tribunal podría no resolver de forma definitiva.
El otro frente de presión a Torra es la CUP. El president se refiere a los cuperos como “compañeros”, pero también es consciente de la necesidad de abrir el juego hacia los comunes y el PSC, como ocurrió el jueves en el Parlament al aprobar una moción en favor del “diálogo de país” junto con otra que reafirmaba el objetivo de la desconexión desafiando al Tribunal Constitucional.
Ese doble juego permite al Gobierno español mostrar firmeza con su recurso a la moción parlamentaria impulsada por la CUP al mismo tiempo que ordena el traslado a Catalunya de los presos independentistas. Sánchez asume que Torra debe dejar bien claro que no renuncia a nada, pero también pretende situar su encuentro dentro de la normalidad de una ronda de contactos con los presidentes autonómicos iniciada con el del lehendakari Urkullu, que no salió con las manos vacías de la Moncloa. Se trata, sostienen fuentes del Ejecutivo, de “evitar caer en el proceso y dejar vacío el espacio del autogobierno”.
Así que el Gobierno mantendrá su agenda para Catalunya al margen de lo que diga Torra, con las recomendaciones de Miquel Iceta en el frontispicio de la operación. La declaración de Barcelona es uno de los referentes, pero las carpetas están más que actualizadas. El documento pactado por el PSC y el PSOE en julio del año pasado va desde acuerdos sobre los 45 puntos de la lista de incumplimientos entregada por Puigdemont a Mariano Rajoy en abril del 2016 hasta la creación de un Consejo de Justicia de Catalunya descentralizado del Consejo General del Poder Judicial, la derogación de la ley de Administración Local del Partido Popular para el reconocimiento de las veguerías, traspasos en salvamento marítimo, protección civil o materia laboral y la recuperación de un nivel de inversiones en infraestruc- turas equivalente al PIB catalán. Otros elementos recogidos en la declaración, además de la reforma del sistema de financiación y de la Constitución en la línea federal, son la aprobación de una ley de la Pluralidad Lingüística o la anulación del juicio al president Lluís Companys.
Son materias que podrían activar la comisión bilateral y las mixtas, lo que la Moncloa consideraría un éxito. Los socialistas incluso ven con buenos ojos que Ernest Maragall presida la comisión bilateral. “Siempre es útil saber quién tienes enfrente”, confiesan, y es que desde la Generalitat el ahora conseller de Acció Exterior ya afrontó el complejo escenario de la negociación del Estatut con el PSOE al otro lado de la mesa.
Desde la prisión, ahora en Lledoners, Oriol Junqueras ha pedido menos gestualidad y más eficacia para aumentar la base del independentismo, objetivo por el que aboga también Jordi Cuixart, presidente de Òmnium.
Por su parte, entre los exconsellers pendientes de su traslado la próxima semana desde Estremera hay cierta prudencia sobre el restablecimiento del diálogo institucional, pero también unanimidad en que se debe aprovechar la coyuntura y el nuevo clima político, al menos para que algunos de los argumentos políticos empleados por la Fiscalía –como que la apuesta de Torra por la unilateralidad aumenta el riesgo de reiteración delictiva de Forn– comiencen a decaer.
“Hay que abrir un nuevo escenario y evitar portazos prematuros”, destacan fuentes del Govern después de justificar la insistencia de Torra en que el tema central debe ser el derecho de autodeterminación de Catalunya. “No hay que renunciar a nada, pero sería absurdo limitarse a esa cuestión con la actual correlación de fuerzas”, añaden desde ERC. Otra cosa es si, para ello, Torra está dispuesto a asumir los golpes del independentismo más radical.
ESTRATEGIA PROPIA Sánchez pondrá en marcha su agenda para Catalunya pase lo que pase con Torra
EL OBJETIVO INMEDIATO Dotar de contenido a la comisión bilateral sería un éxito, sostienen en Madrid
EL ESCENARIO
El juicio del 1-O y la situación procesal de Puigdemont condicionan a Torra