México cambia de modelo desarrollista
Tras años a la sombra del FMI, el nuevo Gobierno de López Obrador sigue las pautas de la Cepal
En la ultimas décadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido la institución multilateral de referencia en América Latina, bien porque un país implementaba sus recetas, bien porque los rechazaba. Pero Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, que acaba de lograr una victoria histórica en las elecciones generales, tiene otro referente: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Creada en 1948, esta agencia de las Naciones Unidas marcó las pautas del desarrollismo económico en América Latina durante la posguerra. Aquel modelo fue mucho más nacionalista, proteccionista e intervencionista que el que el FMI impuso tras la megacrisis de la deuda en los años ochenta.
Durante las décadas que López Obrador califica como la “época neoliberal” (1980-2018), la Cepal se convirtió en una anécdota en México y en América Latina en general. Pero, según explicó en una entrevista a La Vanguardia, Alicia Bárcena Ibarra, la secretaria general de la Cepal, el modelo Cepal será una referencia clave para el nuevo Gobierno. “Hay coincidencia y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a este gobierno”.
Sin embargo, el modelo Cepal ya no es el mismo. Prioriza la reducción de la desigualdad para elevar la productividad y combatir ineficiencias económicas, pero sin proteccionismo. “La Cepal de los setenta planteaba un cambio estructural en una economía cerrada”, dice Bárcena. “Ahora estamos modernizando el pensamiento; hay que lograr una mayor integración productiva para cerrar brechas sociales y tener una sostenibilidad medioambiental, pero todo en una economía abierta”.
Por eso, López Obrador ha nombrado a Jesús Seade como jefe de las negociaciones comerciales para defender la permanencia de México en el del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y Canadá (TLC) si eso es posible. “México es una economía muy abierta tanto en comercio como en inversión; es importante que no se vayan los inversores extranjeros” insiste Bárcena. “Pero las inversiones extranjeras deben venir a un proyecto de nación explícito y de desarrollo, que no vengan a hacer lo que quieran. Esa es la diferencia”.
Mexicana, de 66 años, licenciada en biología por la Universidad Autónoma de México y con un posgrado en administración pública de Harvard, Bárcena rechazó el puesto de embajadora ante la ONU que López Obrador le ofreció durante la campaña electoral. Sin embargo, no se descarta que pueda incorporarse al nuevo gobierno mexicano antes de la investidura de López Obrador en diciembre. Lleva diez años al frente de la Cepal.
El nuevo gobierno mexicano tratará de ampliar el mercado interno mediante subidas de salarios y transferencias económicas a capas sociales desfavorecidas cuya propensión a consumir sería muy alta en caso de poder salir de la pobreza, que afecta a 55 millones de mexicanos. “El salario mínimo en México es muy bajo (4 euros al día). Brasil, Argentina o Chile han ido subiendo fuertemente el salario mínimo. Si no tienes un salario más justo, toda la economía se distorsiona; es importante lograr una mejor distribución”, añade Bárcena.
Asimismo, se usarán políticas industriales –intervención directa del estado con el fin de fomentar el desarrollo industrial– para tratar de elevar el contenido local en lo que expertos en el entorno de López Obrador califican como la economía “maquila”.
El objetivo es generar un crecimiento mayor que el 1% per cápita anual logrado en la llamada era neoliberal. López Obrador suele destacar la superioridad del modelo desarrollista de los sesenta y setenta cuando México registraba un crecimiento del 7% anual y logró crear una industria nacional protegida por aranceles y beneficiada por un gran mercado interno. Eso debería ser repetible, sostiene Bárcena. “México no es Chile, tiene 120 millones de habitantes; puede generar su propio crecimiento”.
En la lucha contra desigualdades, Bárcena aplaude las dos medidas de transferencia de renta anunciadas inmediatamente por López Obrador: la duplicación de la pensión universal a los mayores de 65 años y un sistema de subsidio público para financiar la formación de 2,5 millones de jóvenes que López Obrador negoció con un grupo de empresarios la semana pasada.
“No hay una sola clase de desigualdad; hay desigualdad de renta, de riqueza, de género, de modo que nosotros hemos adoptado el concepto de igualdad como derecho ciudadano. Y creo que López Obrador lo tiene claro. Lo demuestra sus compromiso con los jóvenes y con las personas mayores; el derecho de tener una pensión universal, eso es igualdad por derecho”, afirma.
Ante cuestiones sobre la financiación de estos programas, Bárcena destaca que López Obrador había hecho el mismo compromiso con millones de ancianos de la capital cuando era alcalde de Ciudad de México (2000-2006). Realizó recortes del gasto administrativo para financiar los programas de apoyo a los más vulnerables. “Se ha logrado establecer una pensión universal en Bolivia, así que no veo por qué no se pueda hacer en México”, insiste.
El programa de formación para jóvenes parados “es algo que hemos propuesto en la Cepal”, ya que “ayudará a cerrar el círculo vicioso para jóvenes que están en la trampa de no tener trabajo porque no tienen experiencia”. López Obrador considera que la medida más eficaz para afrontar el problema de la violencia y la delincuencia organizada en México es combatir el desempleo
“Las inversiones extranjeras deben venir a un proyecto de nación de desarrollo, no a hacer lo que quieran”
y la pobreza juvenil. Pero no todo es coincidencia entre López Obrador y la Cepal. En su informe, la Cepal insta a los gobiernos a realizar políticas tributarais más progresivas para bajar la desigualdad e impulsar el crecimiento. “El gran instrumento de distribución es el impuesto”, finaliza Bárcena. Pero López Obrador –temeroso ante la reacción de los empresarios– ha rechazado subidas de impuestos sobre las rentas más altas o sobre rentas de capital.