Menos alumnos por aula
Los profesores de baja tendrán sustitutos a las pocas horas
El Gobierno modificará la medida de la ley Wert que permitía incrementar un 20% la ratio de alumnos por aula.
El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es claro: poner fin a los recortes llevados a cabo en el 2012 a consecuencia de la crisis económica y que, a su juicio, a día de hoy no tienen sentido. Es lo que está haciendo en sanidad y servicios sociales, poniendo fin a la exclusión sanitaria de los inmigrantes simpapeles y, en los próximos meses, el fin del copago farmacéutico, al parecer, para los pensionistas (ambos, decretos del 2012), según explicó la ministra Carmen Montón. Y ahora, el Ejecutivo quiere hacer lo propio en Educación, en lo relativo a la ratio de alumnos por aula y las reposiciones de profesores de bajas, entre otros.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros estudió un informe sobre el impacto en el funcionamiento de los centros educativos del decreto de 20 de abril del 2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, defendido a ultranza por el exministro José Ignacio Wert. Esa norma fue impugnada por Catalunya, Andalucía, Asturias, Canarias, Navarra y País Vasco, aunque sin éxito.
Ese decreto daba vía libre a la posibilidad de elevar las ratios de alumnos por aula hasta un 20%. De tal manera que las clases de los más pequeños (3 a 5 años) podía acoger hasta 30 niños, las de primaria, otros tanto, mientras que los de la ESO alcanzarían hasta 36, uno más que los de formación profesional. Las aulas de bachillerato, por su parte, podrían albergar hasta 40 estudiantes.
Aulas más llenas permitían compensar la reducción de profesores, eso sí, incrementando la jornada lectiva del personal docente hasta las 25 horas en educación infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas no universitarias.
Ese polémico decreto establecía, además, algo que la comunidad educativa criticó duramente: las bajas de los profesores no se cubrían hasta al menos dos semanas después (ahorro de coste en salario), sin importar el daño que pudiera costar a los menores perder medio mes en un trimestre.
El ministerio que dirige Isabel Celaá ha decidido modificar este decreto al considerar que sólo tenía un único objetivo, “reducir el gasto público, sin tener en cuenta las consecuencias de sus medidas en el funcionamiento de los centros educativos y en las condiciones de trabajo del profesorado”.
A través de una norma ordinaria reducirá en un 20% la ratio de alumnos, al considerar que no tiene sentido al contemplar los presupuestos del 2016, 2017 y 2018 una tasa de reposición del 100% para las administraciones públicas con competencias educativas. También reducirá el tiempo que transcurre entre que se comunica la baja de un profesor y se contrata al docente interino que le sustituirá.
Estas medidas serán anunciadas mañana por la ministra Celaá en su primera comparecencia en la comisión de Educación del Congreso, en la que se espera que también hable sobre el futuro de la Lomce (ley Wert), que la Cámara en su conjunto (excepto el PP) rechazó. Al principio de esta legislatura, con el PP en el Gobierno, se constituyó una subcomisión para alcanzar un pacto educativo, base de una nueva ley (y definitiva en el tiempo). Pero ese pacto no llegó a casi nada, salvo para escenificar las posturas tan alejadas que mantenían los grupos (PP y Ciudadanos por un lado, y PSOE y Podemos por otro). Al final no hubo acuerdo y se mantiene una ley muy cuestionada, incluso por el PP.
Celaá considera que los recortes no tuvieron en cuenta las consecuencias en estudiantes y maestros