El Gobierno quiere anular los juicios franquistas y abrir fosas
Justicia ilegalizará la Fundación Francisco Franco y activará una “comisión de la verdad”
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer en el Congreso que se anularán los juicios franquistas y que el Estado asumirá la búsqueda y exhumación de víctimas de la dictadura. También se estudia ilegalizar la Fundación Francisco Franco.
Una reforma integral de la ley de la Memoria Histórica, aprobada el 2007, planteará la manera de “ilegalizar aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo”, como es el caso de la Fundación Francisco Franco, según anunció ayer la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ésta es una de las medidas más llamativas que incluirá la nueva norma legal, que también propondrá declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquista y de sus decisiones y sentencias, crear una “comisión de la verdad” y abrir fosas, entre otras iniciativas.
“Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición”, defendió la ministra en su primera comparecencia en el Congreso. El anuncio de la reforma de la ley llegó dos días después de que la necesidad de combatir la presencia del franquismo en la vida política y civil fuera una de las principales coincidencias en la reunión que mantuvieron el lunes los presidentes español y catalán, Pedro Sánchez y Quim Torra, en la Moncloa y se produjo el mismo día que la consellera de Justícia, Ester Capella, daba a conocer también medidas en la misma dirección por parte de la Generalitat.
La nueva ley de la Memoria Histórica, en este contexto, tendrá asimismo como objetivo resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la comisión de expertos que estudió la cuestión el 2011, impulsar las exhumaciones desde el ámbito público, retirar la simbología de exaltación de la guerra civil y de la dictadura con un procedimiento que incorporará sanciones económicas en caso de incumplimiento, y reforzar el acceso a los archivos. Y el Gobierno español, además, tiene intención de reabrir igualmente la oficina de apoyo a las víctimas del franquismo. “No puede ser que personas con más de noventa años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento”, justificó Delgado.
Y como si de una ofensiva coordinada se tratara, la Generalitat anunció, por su parte, el impulso de una nueva ley que, por un lado, unificará todas las normas aprobadas hasta ahora en Catalunya en materia de memoria histórica y, por otro, facultará al departamento de Justícia a retirar simbología franquista del espacio público sin el consentimiento de los ayuntamientos. “Un pueblo sin memoria es un pueblo que no se conoce a sí mismo, y donde no hay memoria no hay justicia”, defendió Capella en su primera comparecencia en su caso en el Parlament.
La nueva ley, además de otorgar a la Generalitat esta capacidad de actuar por encima de las decisiones en contra que pudieran adoptar los municipios –el polémico caso del monumento de la batalla del Ebro en Tortosa, por ejemplo–, incluirá también la supresión de nombres de calles dedicadas a personajes vinculados con la dictadura, la anulación de condecoraciones o, entre otras acciones, la creación de otra “comisión de la verdad”.
La Generalitat obligará a retirar símbolos de la dictadura aunque los ayuntamientos estén en contra