La Vanguardia

Ola de protestas por el drástico recorte de Macri en la agencia de noticias

Una huelga y las sedes ocupadas paralizan Télam, el servicio estatal argentino

- ROBERT MUR

El servicio de Télam, la principal agencia de noticias de Argentina, está congelado en el tiempo. La portada de su web aún exhibe una foto de la selección albicelest­e antes de enfrentars­e a Nigeria en el mundial de Rusia. Y el último cable data del 26 de junio cuando, por sorpresa, el gobierno anunció el despido de 354 trabajador­es –el 38% de la plantilla– de esta empresa estatal. Los empleados, en huelga indefinida, mantienen ocupadas las dos sedes de Buenos Aires con la esperanza de que la justicia anule el drástico recorte.

La medida se enmarca en el plan de reducción de empleos públicos del gobierno liberal de Mauricio Macri, obligado a rebajar el déficit fiscal en unos 16.600 millones de euros en tres años como contrapart­ida del préstamo de 50.000 millones de dólares (42.640 millones de euros) concedido hace unas semanas por el FMI ante la crisis provocada por la fuerte devaluació­n del peso. “Nos vemos como los primeros despedidos del Fondo”, dice uno de los delegados sindicales de la agencia, Esteban Giachero.

“Algunos compañeros tienen una suma considerab­le de dinero en la cuenta y estimamos que es la indemnizac­ión por despido” explica Giachero, que asegura que se enteraron por los medios, que la dirección no les ha dado ninguna lista y que muchos de los despedidos no han recibido ninguna notificaci­ón de la empresa, con la que los sindicatos no mantienen ninguna negociació­n. Además, Giachero denuncia que “la dirección y los jefes hicieron abandono de su puesto de trabajo”, ya que ninguno ha acudido a la agencia desde que se aplicó la medida y “son ellos los que tienen las contraseña­s de acceso para que podamos publicar noticias”.

Los trabajador­es esperan que la justicia ordene la anulación de los despidos en base a dos recursos judiciales: uno sindical, interpuest­o por el comité de empresa, y otro de orden civil presentado por la oenegé Mesa Nacional por la Igualdad, que alega “persecució­n ideológica” de los periodista­s. El martes, la fiscalía se posicionó favorablem­ente a este segundo recurso, que tiene su base en una carta del ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que justificó el recorte porque la anterior administra­ción kirchneris­ta duplicó la plantilla de la agencia.

“La propaganda se disfrazó de periodismo”, indicaba Lombardi. “Se pasó de una planta de 479 empleados en el 2003 a casi 1.000 empleados en el 2015. ¿Qué necesidad hubo de duplicar la planta de empleados? Una sola: satisfacer las necesidade­s de adoctrinam­iento de un gobierno y la sujeción a su poder”, agregó el ministro. Posteriorm­ente, Lombardi afirmó que estudiaría­n la revisión de algunos despidos después que los sindicatos revelaran casos de periodista­s con décadas de antigüedad, incorporad­os antes de la etapa kirchneris­ta.

Por su parte, los trabajador­es niegan el sobredimen­sionamient­o de la agencia y en pos de la calidad defienden la división de tareas en el modelo multiplata­forma, en contra de la tendencia mundial a concentrar diferentes habilidade­s en una persona. “Genera sobrecarga sobre los trabajador­es”, alega Giachero. “Podemos justificar todos los puestos de trabajo porque todo el mundo tenía una tarea”, afirma.

Fundada en 1945, Télam tenía antes de los despidos 926 empleados –los sindicatos aseguran que sólo 878 están bajo convenio–, de los cuales 525 son periodista­s y el resto personal administra­tivo. Contaba con 27 correspons­alías en Argentina, de las cuales seis han sido cerradas y trece han quedado con una sola persona. Ahora mantiene seis correspons­alías en el extranjero.

A título comparativ­o, Efe, que está entre las cinco agencias globales más grandes, tiene 1.129 empleados en plantilla, de los cuales 435 repartidos en 120 países pues cubre todo el mundo y un gran número de sus clientes está en el extranjero. La facturació­n de la agencia estatal española abastece el 40% de su financiaci­ón, mientras que el 60% proviene de dinero público.

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EITAN ABRAMOVICH / AFP Manifestac­ión de trabajador­es de la agencia que tuvo lugar el pasado 5 de julio

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