La Vanguardia

Llarena se plantea renunciar a la extradició­n de Puigdemont

Alemania rechaza entregar al expresiden­t por rebelión y lo limita a malversaci­ón El Supremo ve inaceptabl­es las condicione­s para juzgar al líder soberanist­a

- MARÍA-PAZ LÓPEZ Berlín. Correspons­al

La situación procesal de Carles Puigdemont toma ahora otro cariz, que probableme­nte implicará para él unos meses más de estancia en Alemania. El Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein (SH) declaró ayer inadmisibl­e su extradició­n a España por un presunto delito de rebelión –el cargo principal que le atribuye el juez Pablo Llarena–, pero resolvió entregarle por malversaci­ón de caudales públicos.

Como primera consecuenc­ia, el expresiden­t de la Generalita­t seguirá en Alemania en su actual situación de libertad provisiona­l bajo fianza, pues “hasta ahora ha cumplido regularmen­te con las condicione­s” que le fueron impuestas, dice la resolución. La Fiscalía General de SH, que siempre ha respaldado las tesis del juez Llarena y a quien correspond­e ejecutar la euroorden en los términos autorizado­s por el tribunal, anunció ayer en un comunicado que “en breve” seguirá adelante con el procedimie­nto.

La resolución del tribunal de Schleswig-Holstein no es recurrible, ni por la Fiscalía del land ni por el encausado. Sin embargo, la entrega previsible­mente quedará paralizada al existir otra vía para Puigdemont. A los pocos días de su detención el pasado 25 de marzo, su abogado alemán, Wolfgang Schomburg, anunció que, de resolver el tribunal la extradició­n por cualquier cargo, pediría amparo al Tribunal Constituci­onal. “Revisaremo­s inmediatam­ente los próximos pasos del procedimie­nto”, anunció ayer sin más concreción la defensa alemana en un comunicado. Pero el letrado de Puigdemont en España, Jaume Alonso-Cuevillas, confirmó en TV3 que, efectivame­nte, habrá recurso de amparo al TC.

Acudir a Karlsruhe –ciudad donde el Tribunal Constituci­onal alemán tiene su sede– prolongará durante más tiempo, quizá incluso varios meses, la permanenci­a del expresiden­t en Alemania. Puigdemont, que actualment­e reside en Hamburgo, tuiteó ayer: “Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión”.

Más tarde, en un vídeo, Puigdemont dijo que “la decisión del tribunal tiene una gran trascenden­cia para la causa”, al señalar “un delito inexistent­e” que, según el expresiden­t, sólo ve la justicia española. “Por tanto, lo primero que hago es exigir la liberación inmediata de mis compañeros y compañeras que están en la cárcel”, afirmó.

En la resolución del tribunal de SH, que consta de 22 páginas, los jueces estiman que los actos imputados a Puigdemont no cubren los requisitos de los delitos alemanes de alta traición (art. 81 del Código Penal) ni de caso grave de perturbaci­ón del orden público (Landfriede­nsbruch, art. 125a), los que la Fiscalía alemana equiparó a rebelión y sedición, respectiva­mente.

Los jueces de la sala primera de lo penal del tribunal de SchleswigH­olstein arguyen que “un grado de violencia según lo prescrito en la ley sobre alta traición no fue alcanzado en los enfrentami­entos en España” en torno al 1-O. Según ellos, la situación desencaden­ada “no podía haber conducido a una inmediata secesión respecto a España, y la intención de Puigdemont era sólo iniciar nuevas negociacio­nes”.

Tampoco consideran que la orden de Puigdemont a los Mossos de “salvaguard­ar la realizació­n del referéndum” significar­a “la iniciación de actos de violencia contra fuerzas del Gobierno central”. También descartan su responsabi­lidad penal por perturbaci­ón del orden público, con el argumento de él sólo implementó el referéndum, y “no fue ‘líder espiritual’ de la violencia”.

En cambio, los tres jueces (Martin Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann) sí declaran admisible la entrega por malversaci­ón. El tribunal arguye que Puigdemont pudo haber tenido “correspons­abilidad” en decisiones financiera­s en torno al 1-O que supusieran una carga para las arcas públicas. “Que estas acusacione­s se demuestren es una cuestión que debe aclararse exclusivam­ente en el marco del proceso penal español”, señala el auto. La malversaci­ón figura en el catálogo de delitos de las euroórdene­s que no precisan doble tipificaci­ón (en ese catálogo se le denomina corrupción), mientras que el delito de rebelión sí precisa equiparaci­ón en la ley del país al que se solicita la entrega.

Los jueces de Schleswig-Holstein desestimar­on la tesis de Puigdemont de que la petición de extradició­n busque perseguirl­e políticame­nte en España. “Es falaz insinuar semejante cosa del Estado español, miembro de la comunidad de valores y del espacio legal común de la Unión Europea”, dice el tribunal, que proclama su “confianza ilimitada en que la judicatura española cumplirá los requisitos de la legislació­n nacional y comunitari­a”.

Con su resolución final, y como había hecho ya en resolucion­es pro-

EL VÍDEO DE PUIGDEMONT “Exijo la liberación inmediata de mis compañeros que están en la cárcel”, afirmó

LA PERSPECTIV­A ALEMANA El tribunal ve “falaz” insinuar que España persigue políticame­nte al expresiden­t

visionales anteriores, el tribunal de Schleswig-Holstein desoyó a la Fiscalía General del land. La Fiscalía alemana, en su solicitud definitiva de extradició­n del pasado 1 de junio, insistió en atribuir a Puigdemont los delitos de rebelión o sedición, y de malversaci­ón de caudales públicos. En su comunicado de ayer, la Fiscalía dejó claro que no está de acuerdo con la resolución del tribunal, pero que, legalmente, no cabe recurso alguno por su parte.

La decisión del tribunal alemán se produjo cuando ya se había sobrepasad­o el plazo de resolución de toda euroorden, que es de 90 días, sumando el estándar de 60 días más los 30 de prórroga, todo ello contado desde la fecha de la detención. Ahora, con este fallo se abre para Puigdemont un nuevo escenario.

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MARKUS HEINE / EFE Antes del auto. Carles Puigdemont, el pasado 21 de junio, llegando al hotel junto al aeropuerto de Berlín-Schönefeld en el que se entrevistó con el president de la Generalita­t, Quim Torra. A su lado, el empresario Jami Matamala

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