Esteban González Pons
VICEP. GPO. POPULAR EUROCÁMARA
El vicepresidente de los populares en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha exigido al Gobierno que, tras la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont, suspenda el acuerdo de Schengen, algo sólo previsto por causas de seguridad.
La decisión del tribunal alemán sobre Carles Puigdemont generó una rápida sacudida en la política española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refugió en la máxima del respeto a las resoluciones judiciales para evitar entrar a fondo en la decisión judicial. Desde Bruselas, donde se celebró la cumbre de la OTAN, señaló que “estas decisiones no se califican, se respetan”, sean tomadas en España, en Bélgica o en Alemania, donde sea. Sí afirmó es que “lo importante, en términos de la justicia española es que aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del 2017 tienen que ser juzgadas por tribunales españoles, y esto va a ocurrir”.
El presidente añadió que, desde el punto de vista político, lo único que se puede hacer y lo que cree que espera la sociedad española de su Gobierno, es respetar estas decisiones judiciales, no entrar a calificarlas. Por otro lado, Sánchez se refirió a sus relaciones con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmando que la entrevista del lunes fue “un punto de arranque” de un proceso que será largo. Afirmó que habían hablado de muchas cosas, pero desde planteamientos distintos: “Torra defiende la autodeterminación, y nosotros el autogobierno”, pero que lo que había que hacer “es empezar por las cosas que nos unen”, primero plantear los puntos donde hay coincidencia, que son los problemas que afectan a los ciudadanos. Indicó que hay que empezar a dialogar, “que sepamos hasta dónde podemos llegar…., dentro de la Constitución podemos encontrar caminos que resuelvan esta crisis política”.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también se pronunció sobre la negativa alemana de extraditar a su predecesor por rebelión, pero sí en cambio por malversación. “Desmonta las mentiras” de la causa judicial sobre el 1-O, aseguró a las puertas de la cárcel, situada en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), tras visitar a los dirigentes independentistas que están la espera de juicio. Torra reclamó la puesta en libertad de los “presos políticos”: “¿A qué espera España para ponerlos en libertad?”.
Por su parte, el vicepresidente del grupo popular en el Parlamenque to Europeo, Esteban González Pons, exigió ayer al presidente Sánchez que, tras la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont, suspenda en España la aplicación de la euroorden y del acuerdo de Schengen. “Exijo al presidente Sánchez que suspenda la aplicación del acuerdo de Schengen en España como han hecho tantas veces otros países de la UE hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada”, aseguró en un comunicado desde Bruselas. A juicio de González Pons, España debe hacer “aquello que haría Alemania en el caso de que alguien hubiera intentado atentar contra su Constitución, se hubiera refugiado en España, y España no se lo hubiera querido devolver”.
El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, aspirante a ser el nuevo presidente popular en substitución de Mariano Rajoy, avaló la postura de González Pons: “Con estas decisiones como la del tribunal alemán los independentistas se sienten refrendados por un entorno internacional. El espacio Schengen se podrá suprimir si no hay garantías de que a España se le respete”.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lamentó que las autoridades alemanas no permitan juzgar por rebelión al expresidente catalán Carles Puigdemont, ya ello puede posibilitar que los independentistas que huyeron de la justicia española pueden salir mejor parados que los que están presos. Pero en todo caso destacó que el líder de Junts per Catalunya deberá responder ante los tribunales españoles en relación con el proceso independentista. “La buena noticia es que Puigdemont va a tener que venir a dar la cara ante la justicia española aunque huyera en su día, y que va a tener que pagar por lo que hizo, en este caso por gastar dinero público para dar un golpe de Estado”, señaló.
Por su parte, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, destacó que Puigdemont tendrá que “venir a España a dar la cara ante la justicia por gastarse el dinero de todos en dar un golpe contra más de media Catalunya y contra la democracia”. Arrimadas añadió: “Además, ningún país ni institución europea compra la mentira de que puedan ser presos políticos”.
El presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, consideró que la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein supone “un nuevo revés de la justicia Alemania” al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
“El relato inventado de la justicia española comienza a deshacerse: no hay rebelión porque nunca ha habido violencia. Y, tiempo al tiempo, acabará cayendo también la malversación”, aseguró. Para Sabrià, la justicia española debería de forma “inmediata poner en libertad de los presos políticos catalanes “.
Los comunes también celebraron el golpe a la “vía Llarena”. Su portavoz parlamentaria, Elisenda Alamany, incluso acusó en rueda de prensa en el Parlament al magistrado del Supremo, quien sigue “acumulando derrotas”, de mentir e “inventarse” que hubo violencia en torno al referéndum ilegal del 1-O para “justificar el delito inexistente” de rebelión. “No hubo violencia, no hubo rebelión”, insistió.
Asimismo, Alamany recalcó que la “judicialización de la política no lleva a ninguna parte” y, en este sentido, reclamó al Gobierno socialista que ponga fin a esta vía. Además, pidió también a la nueva fiscal general del Estado que retire las acusaciones de delitos de rebelión y sedición porque “no se aguantan”.