En la encrucijada del caso del ‘procés’
Era esperable la decisión de la justicia alemana de descartar la imputación por rebelión de Carles Puigdemont. El Tribunal de Schleswig-Holstein lo había advertido reiteradamente, y finalmente ha estimado que si bien el 1 de octubre hubo violencia, la misma no tiene carácter insurreccional. No observan ni violencia callejera de gran magnitud, ni incendios, ni saqueos, ni disparos, ni nada que pueda relacionarse con una rebelión. El tribunal alemán es contundente en sus conclusiones.
Añaden los jueces alemanes que esos actos aislados de escasa violencia no se le pueden imputar a Puigdemont, por haber llamado reiteradamente a la calma y a la no violencia, y porque, aunque el acusado hubiera podido representarse que el Estado reaccionaría con el uso de la fuerza –como afirmaba el magistrado instructor–, igualmente habría podido pensar que el Estado simplemente dejaría que se celebrara esa consulta obviamente ilegal e inefectiva, como hizo el 9 de noviembre del 2014. En suma, el tribunal observa los incidentes que pueden ser fruto de cualquier manifestación masiva en una democracia. Además los jueces alemanes advierten que si se apreciara que esos hechos violentos de escasa entidad constituyen rebelión, se estaría imposibilitando el derecho de manifestación, esencial en un Estado de derecho.
El tribunal de Schleswig-Holstein sí que autoriza la entrega por el delito de malversación. El tribunal no afirma que tal delito exista ni tampoco que no concurra. No dice nada porque no es de su competencia, sino de la justicia española. El delito de malversación se encuadra dentro de la rúbrica “corrupción”, que es una de las treinta y dos categorías privilegiadas por la normativa europea de la euroorden y que permiten la entrega semiautomática de un reo con un análisis simplemente superficial de la documentación aportada por la justicia española. En todo caso, descarta reiteradamente el tribunal alemán que los jueces españoles estén persiguiendo o persigan en un futuro políticamente a Puigdemont.
Quedan muy difíciles posibilidades de recurso para la defensa de Puigdemont ante el Tribunal Supremo alemán y seguidamente ante el Tribunal Constitucional. Pero lo acaecido no es un suceso indiferente. Más antes que después la justicia española se dará cuenta de que no tiene lógica celebrar un proceso en el que se persiga al expresidente de la Generalitat sólo por malversación, y a sus exconsellers, además, por rebelión. Lo advirtió en diciembre el propio magistrado Pablo Llarena. Se abre la opción de rechazar la entrega de Puigdemont y juzgar al resto de acusados por todos los delitos. Pero es más racional pensar que la acusación por rebelión o sedición ha quedado completamente desautorizada por un tribunal europeo de primer nivel. No es poco. En consecuencia, lo lógico sería que la Fiscalía solicitara la inmediata puesta en libertad de todos los reos y renunciara a la acusación por rebelión. Está por ver.