Aragonès negocia ya en Madrid el dossier catalán
El Govern reivindica como única vía la negociación bilateral
“No atisbamos un posible acuerdo sobre el derecho a la autodeterminación, pero en otros temas podemos avanzar”, admitió ayer el vicepresidente del Govern y conseller de Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, tras reunirse en Madrid primero con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y después con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Dos citas tras las que Aragonès reconoció salir con “escepticismo y un punto de esperanza”. Incluso cuantificó en un 90% su escepticismo y en un 10% el optimismo, “basado en un diálogo que antes no se había producido”, dijo en alusión a la incomunicación que habría sufrido la Generalitat con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Constatamos que los dos gobiernos defienden proyectos políticos alejados”, certificó Aragonès. El Govern, así, defiende un derecho a la autodeterminación de Catalunya que el Gobierno “no comparte”. “Pero sí hay una voluntad de interlocución y un reconocimiento mutuo para solucionar los problemas políticos”, celebró.
Después de que Pedro Sánchez y Quim Torra abrieran las puertas al diálogo político en su cita del lunes, el vicepresidente del Govern empezó a perfilar la negociación de una carpeta catalana que rebosa de “cuestiones pendientes e incumplimientos” del Gobierno. La víspera los cifró en 7.600 millones de euros.
Todas estas cuestiones se pondrán encima de la mesa en la primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que no se convoca desde el año 2011 y que Calvo se comprometió con Aragonès a que tendrá lugar antes de que acabe el presente mes de julio.
A la salida de esta primera reunión, trascendió la decisión del tribunal alemán de descartar la rebelión en el caso de Carles Puigdemont, y Aragonès lo celebró al considerar “un despropósito” esta acusación, y reclamó al Gobierno que utilice a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para “aligerar esta situación” y “sacar de los tribunales” el proceso independentista.
El vicepresidente del Govern demandó después a la ministra Montero numerosas cuentas pendientes: casi 700 millones de euros para la financiación de los Mossos, otros 750 millones de la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut referida al año 2008, casi 3.000 millones en inversiones en infraestructuras, 1.500 millones para la aplicación de la ley de dependencia... Además, reclamó relajar el objetivo de déficit para el 2019, desde el 0,1% al 0,4%, y la supresión de la intervención financiera. Montero, admitió Aragonès, no se comprometió a nada más que a estudiar todas estas reclamaciones. “La ministra ha tomado nota y la hemos visto receptiva”, aseguró Aragonès.
Y condicionó al desarrollo de estas negociaciones la participación de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que, por ahora, descartó: “La relación debe ser bilateral; la participación en órganos multilaterales no es nuestra prioridad ni lo contemplamos”.
El vicepresidente del Govern cifra en un 90% su escepticismo y en un 10% el optimismo por la “voluntad de diálogo”