El Parlament espera la opinión de los letrados sobre la suspensión
La resolución del tribunal alemán que descarta la extradición de Carles Puigdemont por un delito de rebelión ha incrementado la incertidumbre que vive estos días el Parlament de Catalunya.
Los grupos independentistas consideran que la decisión del juez germano les da la razón y que el auto del Tribunal Supremo que dicta la suspensión de Carles Puigdemont y otros cinco diputados en prisión provisional no tiene sentido y es “inaplicable”. “No suspenderemos ni sustituiremos a ningún diputado, no ha habido rebelión ni sedición”, insistió la portavoz adjunta de JxCat, Gemma Geis, ayer en el Parlament.
Sin embargo, los diputados del grupo de Govern están dispuestos a escuchar la interpretación que los servicios jurídicos de la Cámara hacen del auto, sus implicaciones y cómo debería aplicarse. La Mesa y el presidente del Parlament, Roger Torrent, acordaron ayer solicitar un informe a los letrados a petición del PSC ante la diferencia de criterios que hay entre los grupos y lo inédito de la situación.
Aun así, en JxCat esperan que los letrados les den la razón y concluyan que el Parlament tiene la última palabra a la hora de decidir si suspende o no a los diputados procesados. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, señaló que la suspensión “no se aguanta”, aunque no aclaró cómo actuará su grupo. Tanto JxCat como la CUP quieren que la comisión del Estatuto de los Diputados emita un dictamen sobre los procesados y se eleve al pleno, que votaría si estos diputados tienen que ser suspendidos de sus funciones. El TS sostiene, en cambio, que la suspensión ha de ser automática y tiene que aplicarse tan pronto el Parlament reciba el auto. De lo contrario, se podría incurrir en un delito de desobediencia.
La notificación aún no ha llegado a la Cámara y mientras esto no ocurra no se activará ningún mecanismo para resolver sobre la situación de Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull –la semana que viene hay previstos dos plenos, y para entonces la notificación debería haber llegado–. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró ayer a la salida de la prisión de Lledoners que Sànchez, Rull y Turull le comunicaron que no piensan renunciar a sus actas. En cambio, no se pronunció sobre Junqueras ni Romeva.
Tanto Ciutadans como el PP exigieron, en cambio, que el Parlament “cumpla la ley” y acate el auto de suspensión de manera automática. El PSC, si bien tampoco quiere que la orden se vote, prefiere esperar al informe de
JxCat rechaza suspender ni sustituir a ningún procesado e insiste en que el pleno vote
los letrados. Por su parte, los comunes pidieron que la Fiscalía retire la petición de procesamiento por rebelión y que se revoque la suspensión.
El informe sobre el auto del Supremo será la primera tarea del nuevo letrado mayor del Parlament, Joan Ridao. Ayer fue nombrado en el cargo en sustitución de Antonio Bayona, que renunció al puesto –sigue en el cuerpo de letrados del Parlament– por la presión vivida desde que se inició el proceso independentista. Cs, PSC y PP han criticado la decisión de Torrent de designar a Ridao, que fue secretario general de ERC, además de ser uno de los últimos letrados en incorporarse a la Cámara.