Lo que sería el pluriempleo
El lunes, en el programa Al cotxe! de TV3 salió Pep Plaza, sentado junto a Eloi Vila. Entre otras cosas explicó que siempre ha compaginado varios trabajos y que, todavía ahora, hace de vendedor de seguros: por lo que pueda pasar. Me parece una actitud sensata, sobre todo en un mundo –el de la farándula– que a menudo tiende a olvidar que las alegrías pecuniarias de un momento determinado no están aseguradas para siempre. Calculo que Pep Plaza es trabajador autónomo y, por lo tanto, compatibilizar ambas cosas no supone ningún problema desde el punto de vista legal.
Pero, en cambio, la tendencia a tener un puesto de funcionario y simultáneamente ganarse un sobresueldo como vidente empieza a ser preocupante, al menos en Galicia. Hace cosa de mes y medio tuvimos noticia del caso de una magistrada del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Galicia (encargada de la situación de los presos de los centros penitenciarios de Bonxe, Monterroso y O Pereiro de Aguiar), que en sus horas libres se dedica a ejercer de tarotista en su casa, en Lugo. Se llama María Jesús García Pérez y promocionaba esa actividad con flyers en los que se leía: “Tarotista y vidente con gran experiencia tira las cartas del tarot en persona. Sólo arcanos mayores”. Pues bien, ahora nos encontramos con un caso similar en Pontevedra: un guardia civil que también se dedica a tirar las cartas del tarot. Topó con la oposición del Ministerio del Interior, que le dijo que de ninguna manera era procedente formar parte del cuerpo de la Benemérita y, fuera de horas, dedicarse a la videncia. Como no quedó satisfecho con esta resolución, llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente le ha dado la razón. La sentencia explicita que el esoterismo se puede considerar una actividad privada “de tareas administrativas”, que los asuntos esotéricos “no se encuentran incluidos en la relación de actividades prohibidas” y que “la actividad privada a desarrollar no está, en principio, relacionada directamente con el servicio público desempeñado, frente a lo expresado por el acto impugnado, que llevaría a entender incompatible cualquier actividad desarrollada por un guardia civil dados sus cometidos en el mantenimiento del orden público”. Para remachar el clavo, el Tribunal Superior ha decidido que sea el Ministerio del Interior quien abone las costas del proceso.
Eso sí, el guardia civil en cuestión debe tirar las cartas fuera del horario que dedica al orden público. Por lo tanto, sin vestir el uniforme benemérito. Eso me sabe mal porque, acostumbrado a la imagen de gitanas de faldas anchas y coloridas que te proponen vaticinarte qué suerte tendrás en la vida, habría pagado lo que fuera para que un picoleto con tricornio me mirara con ojos zalameros y me insinuara:
–¿Quieres que te la diga, resalao?
Lo de ser funcionario y además hacerse un sobresueldo como vidente empieza a ser preocupante