Inquietud en el Supremo por la estrategia de Sánchez
Los jueces recelan de la reacción al fallo alemán sobre Puigdemont
Los presos del ‘procés’ cuestionan la rebelión y piden la libertad
Los abogados defensores de los presos independentistas solicitarán la puesta en libertad de sus clientes espoleados por la resolución dictada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holsteing (SH), que ha considerado improcedente imputar al expresident Carles Puigdemont un delito de rebelión.
Los letrados de los presos estiman que si un tribunal alemán ha avalado la tesis que vienen argumentando desde que asumieron la defensa de los políticos presos, la justicia española debería actuar en consecuencia y poner en libertad a los reclusos independentistas de forma inmediata.
Los próximos pasos a seguir por las defensas pasan, por tanto, por pedir la libertad, conseguir que decaiga el delito de rebelión y eludir la suspensión de los diputados procesados por el magistrado del Supremo Pablo Llarena.
Los letrados de los presos creen, además, que se ha abierto un nuevo escenario con el nuevo Gobierno central que hay que aprovechar y que la sentencia alemana puede ayudar a persuadir a la nueva cúpula en la Fiscalía General del Estado para que en el cierre de la instrucción se pueda producir una modificación de las calificaciones; además, recuerdan, que cualquier decisión futura ya no recaerá en el juez instructor Llarena, sino en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En este escenario, los abogados de los independentistas encarcelados convocaron ayer una rueda de prensa en Barcelona para comunicar la interposición la próxima semana de los recursos para solicitar de nuevo la libertad para sus clientes. También anunciaron que harán un frente común para emplazar a la Fiscalía a retirar la imputación de rebelión contra sus clientes.
El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, esgrimió que “ahora hay una oportunidad para resolver la situación injusta de prisión”. Considera que la resolución del tribunal alemán significa un doble victoria que, a su entender, “obliga a la fiscalía a mover ficha y pronunciarse sobre si debe mantener a los políticos en prisión y sobre si mantiene la imputación por rebelión”.
Para el letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, Jordi Pina, la decisión de Alemania refuerza los argumentos de la defensa para “hacer ver a la Fiscalía y al Tribunal Supremo que deben hacer una lectura más prudente de la prisión preventiva”. “Hay que aprovechar que Llarena desaparece de escena para acabar con la injusta situación de prisión provisional”, indicó Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, quien comparó al Tribunal Supremo con un coche que va por la autopista en contra dirección y cree que todos los demás están equivocados.
El otro frente que deben combatir jurídicamente los abogados de los presos independentistas es la suspensión de los diputados dictada por el magistrado Llarena al finalizar la conclusión del sumario y que abría la posibilidad a que su función fuera ejercida por un sustituto para no alterar las mayorías parlamentarias.
Los abogados de los seis diputados presentarán un recurso al igual que los diputados que se hallan fuera del país, Carles Puigdemont y Toni Comín- Turull, Rull y Sánchez lo presentaron ayer y pidieron que mientras es analizado por el juez Llarena –que seguirá siendo competente en esta cuestión– se paralice la suspensión.
De hecho, ayer el Parlament reci- bió la notificación del auto del juez Llarena que suspende los derechos políticos de todos los diputados procesados. De acuerdo con este auto, una vez recibido, la suspensión debe ejecutarse automáticamente. El Parlament ha pedido un informe jurídico para conocer el alcance de esa medida. Las defensas rechazan la opción de la sustitución de los diputados apuntada por Llarena al entender que el Supremo “no tiene absolutamente ninguna competencia para indicarle a una cámara legislativa cómo debe interpretar su propio reglamento”.
Un asunto por el que los abogados de los presos pasaron de puntillas fue sobre si les beneficiaría la extradición a España de Carles Puigdemont por un delito de malversación para hacer decaer el delito de rebelión que pesa sobre sus clientes. El abogado Pina reconoció que eso no sería ninguna garantía, puesto que Llarena ha separado la causa en dos piezas, una para los presos y otra para los que están en el extranjero, de modo que podría haber dos juicios.
No obstante, Pina cree que “sería muy difícil de explicar a millones de ciudadanos que en el banquillo haya personas a las que se pida 25 años de cárcel y, en cambio, al líder se le pidan cinco”. “Queremos que lo dejen volver sin ningún delito”, subrayó el letrado, quien evitó alimentar las discrepancias con los abogados de los políticos expatriados, que ayer, por cierto, no participaron de la rueda de prensa conjunta. Ni el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ni Gonzalo Boye, defensor de Toni Comín y Meritxell Serret, comparecieron junto a los letrados de los presos después de que esta semana aparecieran las primeras grietas entre los letrados de los independentistas cuando Boye insinuó que los abogados de los presos estaban abiertos a negociar con la Fiscalía una sentencia de conformidad. La respuesta de los abogados de los presos fue tajante. “No hay canal de negociación por que no negociaremos”, sentenció Van den Eynde; “no se ha cometido ningún delito, no hay nada que negociar”, defendió Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart; “es un horizonte absurdo con estos delitos”, aventuró Melero.
Los letrados confían en la nueva fiscal general y en que Llarena ha cerrado la instrucción
Los reclusos negaron cualquier posibilidad de pactar una sentencia de conformidad