Puigdemont podría quedar varado un año en Alemania si acude al TC
Los abogados del expresident evalúan ahora si le conviene el recurso de amparo
La decisión del Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein (SH) de entregar a Carles Puigdemont a España por malversación de caudales públicos, pero no por rebelión, modifica el horizonte judicial del expresident de la Generalitat, sobre todo en las expectativas temporales. En Alemania, las euroórdenes son competencia de los länder –los 16 estados federados que componen el país–, por lo que la resolución del tribunal de SH es definitiva; no puede ser apelada ni por la Fiscalía General del land ni por el encausado.
La única vía que le queda a Puigdemont en Alemania para intentar eludir la extradición es pedir amparo al Tribunal Constitucional Federal, con sede en Karlsruhe (land de Baden-Württemberg). Pero a pesar de que su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, anunció el jueves que acudirían al TC, el equipo alemán de letrados del expresident, encabezado por Wolfgang Schomburg, evalúa ahora la conveniencia para su cliente de dirigirse al Alto Tribunal. Hacerlo implicaría para Carles Puigdemont –que se encuentra en libertad provisional bajo fianza– prolongar su estancia en Alemania durante varios meses más, incluso hasta un año.
“El Tribunal Constitucional tomaría primero una decisión preliminar, es decir, totalmente provisional, y debido a su carácter provisional el TC lo primero que haría sería asegurar la protección de los derechos, por lo que la extradición quedaría paralizada”, explica Liane Wörner, especialista en Derepersecución cho Penal Comparado, actualmente profesora en la Universidad Europea Viadrina de Frankfurt del Oder. Según Wörner, “el procedimiento posterior en el TC hasta una resolución definitiva llevaría entre seis meses y un año”.
Así pues, Puigdemont podría quedar varado en Alemania hasta el verano del 2019, lo cual tampoco conviene a sus intereses políticos más inmediatos, que pasan por intentar volver a instalarse en Bélgica cuanto antes para desplegar una mayor actividad pública de la que puede permitirse en territorio germano. Curiosamente, acudir al Constitucional es una maniobra clásica de los abogados defensores en materia de extradiciones para intentar mantener así al encausado en Alemania el mayor tiempo posible. El propio Schomburg había aireado esta opción en los primeros tiempos tras la detención de Puigdemont, el pasado marzo. En un comunicado el jueves fue más evasivo; habló de “los próximos pasos del procedimiento”.
Hay además otra cuestión de peso para Puigdemont, y es la propia naturaleza del recurso de amparo ante el TC, ante el que hay que alegar una posible vulneración de derechos y libertades fundamentales durante el procedimiento, o un riesgo de vulneración de derechos en el país al que va a ser entregado el encausado. Para que el expresident saliera bien parado, el TC tendría que desautorizar el proceder del Tribunal de SchleswigHolstein, o poner en duda la rectitud de la justicia española, cuando el propio tribunal de SH ha considerado “falaz” la insinuación de Puigdemont de que sufriría política en España.
La posibilidad de que un recurso así prospere no está garantizada para Puigdemont, aunque lógicamente tampoco está claro que pudiera fracasar. Lo único evidente es que acudir a Karlsruhe alargaría su obligada permanencia en Alemania. “Los procesos de este tipo difícilmente pueden acortarse; en proporción, el Tribunal Constitucional Federal está trabajando de modo muy rápido y eficaz”, sostiene la especialista Liane Wörner.
El horizonte temporal de incluso un año hasta una resolución final del TC es un elemento que los abogados de Carles Puigdemont analizan a la espera de los pasos que dará la semana próxima el juez Pablo Llarena, que se plantea la opción de rechazar la entrega por sólo malversación. Mientras, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, a quien corresponde ejecutar la extradición del expresident en los términos autorizados por el tribunal del land, se prepara para aprobar
A la espera de cómo responderá el juez Llarena, no hay plazos para que la Fiscalía de SH apruebe la entrega
la entrega “en breve”, según anunció el jueves en una nota.
“Legalmente, no hay un plazo que deba cumplirse, pero la autorización se hará en breve”, aclaró ayer la fiscal Wiebke Hoffelner, portavoz de la Fiscalía General de SH. Pero era viernes, y el asunto se aplazaba por tanto a la próxima semana. “Si el juez español retira la euroorden, el procedimiento quedará terminado automáticamente”, zanjó Hoffelner a preguntas de La Vanguardia. La Fiscalía de Schleswig-Holstein siempre respaldó las tesis del juez Llarena sobre rebelión/sedición y malversación de caudales públicos. Ahora podría ocurrir que tenga que dar carpetazo a todo ello.