El Gobierno deberá pagar en medio año la factura de seis autopistas quebradas
Con la resolución anticipada, ayer, de seis contratos de concesión de autopistas de peaje, que tras su quiebra se encuentran en fase de liquidación, el Gobierno se obliga a compensar en el plazo máximo de seis meses a las sociedades que se constituyeron para su construcción y posterior explotación, lo que se conoce como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), cuyo importe todavía no ha sido fijado oficialmente. El anterior ejecutivo estimó que esta factura rondaría los 1.800 millones de euros. La patronal del sector, Seopan, y los fondos que se han quedado la mayor parte de la deuda la han elevado a una cantidad entre 4.000 y 5.000 millones.
La RPA está destinada a compensar a las concesionarias por las inversiones que han hecho y no han podido amortizar debido a que los contratos se dan por finalizados antes de lo que habían previsto en su redactado. La ley dice que una vez rescindidos la Administración tiene seis meses para calcular y abonar el importe.
El desacuerdo entre las partes supondrá con toda seguridad que el asunto vaya a parar a los tribunales, algo con lo que el Gobierno popular ya contaba y que el socialista también cree inevitable. Con todo, los actuales responsables del Ministerio de Fomento todavía no han dado su cifra para la RPA. Pero según ha dicho su titular, José Luis Ábalos, podría ser mayor que la que preveía el equipo del anterior ministro, Íñigo de la Serna.
El plan del gobierno de Mariano Rajoy era abonar la RPA y relicitar las autopistas en el 2018. Por esto último esperaba ingresar unos 1.000 millones, cantidad que Ábalos también ha puesto en duda. Todo debía completarse en el mismo ejercicio para reducir el impacto del desequilibrio entre la compra yla venta sobre el déficit. Ahora la idea es aplazarlo al 2019. No hay tiempo suficiente para sacar las concesiones en dos lotes a concurso antes de fin de año, ha asegurado el ministro. Por el momento, las vías las gestiona la empresa pública Seittsa.
Los contratos rescindidos son los de las radiales de Madrid 2, 4, 3 y 5 (estas dos últimas en una única concesión); la M-12 Eje Aeropuerto entre la capital con Barajas, y la AP-36 Ocaña-La Roda. Quedan pendientes las también quebradas AP-41 Madrid-Toledo y la circunvalación de Alicante (AP-7), que están en fases concursales más atrasadas.