El TC elude avisos penales por la resolución del Parlament
El tribunal suspende hoy la moción sobre la independencia
El Gobierno ha aplicado la nueva doctrina en favor de una distensión relativa con Catalunya en el último recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta impugnación se dirige contra la moción aprobada por el Parlament para reiterar la voluntad de mantener el objetivo de la independencia. La novedad del recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que esta vez se ha evitado pedir al TC que acompañe la medida de la suspensión con requerimientos personales y advertencias en mano sobre posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento.
Lo novedoso, por tanto, es que si bien el Gobierno mantiene su estrategia de oposición frontal a cualquier avance del proyecto independentista, en esta ocasión no se adorna con movimientos colaterales, que ve innecesarios. El gesto consiste en que esta vez se ataca el núcleo de lo decidido por el Parlament y se vuelve a intentar pararle los pies, pero sin necesidad de reiterar advertencias sobre la posible comisión de delitos y sobre la previsible reacción de la Fiscalía, en caso de que las resoluciones del TC sean desatendidas. El Gobierno, ya se ve, habrá pensado que la situación de prisión preventiva de los presos del caso 1-O es un aviso suficientemente rotundo y palmario.
El recurso fue anunciado por el Ejecutivo el pasado día 6, pero su gestación y presentación de ha llevado a cabo con sumo sigilo. Tras dicho anuncio, el Consejo de Estado recibió la petición del preceptivo dictamen el pasado martes. Como viene siendo costumbre, se le pedía una respuesta en menos de 48 horas. El miércoles se preparó el informe
y la permanente del Consejo lo aprobó el jueves. El principal órgano consultivo del Gobierno ha despachado el asunto con discreción, mediante un dictamen en el que se viene a decir que procede el recurso pero que no hay que perder mucho tiempo en argumentarlo. Su tesis es que lo que ahora pretende volver a impulsar el Parlament ya fue anulado meses atrás por el Constitucional, y que con recordarlo basta. Es decir, que lo que ahora se va a suspender ya está anulado. Más que salir a apagar el incendio, por tanto, lo que el Consejo estima acertado es vigilar los rescoldos.
El Constitucional, a su vez, recibió el pasado viernes el recurso del Gobierno, acompañado del dictamen favorable del Consejo de Estado. Y ayer el TC nombró ponente del asunto al magistrado Ricardo Enríquez. El siguiente paso es que hoy el pleno del Constitucional admita a trámite el recurso, suspenda la moción del Parlament y, en breve, se vaya de vacaciones. El de esta semana es su último pleno del curso. Y se irá con un recado implícito, derivado de que el dictamen del Consejo de Estado muestra especial sensibilidad hacia la petición del Parlament de recuperación de sus leyes sociales. El Consejo cree que no hay nada que recurrir contra la voluntad del Parlament de resucitar su política social. Pero fue el TC el que anuló en parte esas prioridades. El intento de recuperarlas también forma parte de la operación ratafía. Depende en gran medida del Gobierno y del propio TC que el intento llegue a buen puerto.
El Gobierno no pide esta vez al Tribunal que notifique en persona cuál es el riesgo de desobedecer