Multas de hasta 900.000 euros por ‘mobbing’ inmobiliario
Ofensiva del gobierno de Colau contra “los fondos que echan a los vecinos con tácticas mafiosas”
Inquilinos del número 106 de la calle Carme del barrio del Raval explicaron ayer que numerosos drogadictos acostumbran a pincharse en sus escaleras, que en los últimos meses la mitad de los vecinos de la finca sufrió intentos de robo en sus viviendas, que una señora mayor ya hizo las maletas y se mudó... “Hace meses que una socimi (sociedad cotizada anónima de inversión en el mercado inmobiliario) propiedad de un gran fondo de inversión compró el edificio –agregaron los inquilinos–, y desde entonces el abandono es total. Están dejando que todo se degrade para que nos marchemos. La cerradura del portal siempre está rota, de modo que la puerta siempre queda abierta. Estos inversores ya compraron una decena de edificios en el Raval y el Gòtic, para echar a sus inquilinos, rehabilitar las viviendas y después venderlas como pisos de lujo. Somos víctimas de acoso inmobiliario. Nos están amargando la vida”.
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau anunció ayer que a partir de ahora denunciará por la vía administrativa a los fondos de inversión y a los grandes propietarios de viviendas que acosan a sus inquilinos a fin de que se muden cuanto antes. El mobbing inmobiliario puede manifestarse de muchas formas diferentes: cortando los suministros, descuidando el mantenimiento de la propiedad, permitiendo que se instalen personas conflictivas, dejando de cobrar el alquiler para denunciar su impago...
Ahora en Barcelona estas prácticas que principalmente afectan a personas mayores con contratos indefinidos podrán comportar sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros. Los propietarios del 106 de Carme pueden ser los primeros en ser multados en virtud de este procedimiento. Su expediente sancionador ya está en marcha. Ahora, por fin, el Consistorio hace uso de una herramienta legal que está a su disposición des- de hace más de una década. Hace años que el Ayuntamiento trata de compensar con el ingenio su falta de competencias en materia de vivienda con el objetivo de proteger los derechos de los inquilinos. En este caso, sin embargo, llama la atención su falta de celeridad. La ley del derecho a la vivienda en Catalunya del año 2007 faculta a los municipios, y también a la propia Generalitat, a luchar contra el acoso inmobiliario mediante la vía administrativa. Pero hasta ahora nadie había dado el primer paso.
“Queremos enviar un mensaje a los fondos de inversión –explicaron el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner–. El Ayuntamiento está poniendo en marcha una ofensiva contra estas prácticas mafiosas”. Asens y Montaner detallaron que en los últimos años el Ayuntamiento ha contado unos 70 edificios comprados por fondos de inversión, que sospecha que en una decena de ellos puede estar realizándose acoso inmobiliario, que en estos momentos está investigando cuatro de estos casos... “Hasta ahora el acoso inmobiliario era atacado principalmente por la vía penal –abundó Asens–, pero ello comportaba muchas dificultades. El proceso administrativo es mucho más ágil y obliga al acusado a probar su inocencia. Conseguir una condena por la vía penal es mucho más complicado”. En verdad los jueces se muestran reticentes a castigar por mobbing a un propietario que no arregla la cerradura de su portal. En este mandato el Ayuntamiento denunció por la vía penal cinco supuestos casos de acoso inmobiliario. Cuatro de ellos ya fueron archivados.
UNA HERRAMIENTA EN BARBECHO El Consistorio recurre ahora a un mecanismo legal a su disposición desde el 2007
UN PROCEDIMIENTO MÁS ÁGIL La vía administrativa obliga a los propietarios a demostrar su inocencia