Anuncio efectista de una ley contra las amnistías fiscales
El presidente defiende que es “inconstitucional” publicar la lista de beneficiarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató ayer de capear la polémica sobre la imposibilidad de publicar el nombre de los más de 31.000 beneficiarios de la amnistía fiscal del 2012 –que defendió con insistencia desde la oposición– anunciando que prohibirá por ley este tipo de regularizaciones de dinero negro. Sánchez aludió precisamente a la “durísima” sentencia del Tribunal Constitucional para justificar que la identidad de quienes se acogieron a la amnistía de Cristóbal Montoro no puede ser difundida. “El Constitucional declaró nula la amnistía, pero también –esto es importante que lo sepa la cámara– se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma”, defendió en su primera comparecencia ante Parlamento. “Ya me gustaría, créanme”.
Y añadió: “Pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales”, por lo que además de una nueva ley de Prevención y de Lucha contra el Fraude Fiscal “para perseguir a los grandes defraudadores”, incluir en la lista de morosos a directivos y administradores y revisar el número de paraísos fiscales, defendió “prohibir futuras leyes de amnistía fiscal”, para que no se pueda producir una cuarta regularización.
Hace un año, pocas semanas después del varapalo del Tribunal Constitucional, el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propuso precisamente reformar la ley General Tributaria para prohibir las amnistías fiscales. Después de ese anuncio, Montoro no dio ningún paso en público para sacar adelante dicha iniciativa.
La medida genera dudas entre los fiscalistas y expertos en Derecho, cuando no críticas. Los especialistas consultados coinciden en expresar argumentos esgrimidos en su día ante Montoro por el portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre: el ex secretario general de la Organización Profesional de Inspec“Las tores de Hacienda (IHE) defendió que, como ya ocurrió en los noventa, igual que se aprueba una ley prohibiendo las amnistías, otra normativa puede permitirla más adelante.
Fuentes jurídicas insisten en esta posibilidad, aunque apuntan que se podría contribuir a “blindar” la ley si la prohibición se cimienta en algunos de los fundamentos expresados en la sentencia del Constitucional –que anuló la amnistía, aunque no tuvo efectos en la práctica–. En especial, en la parte en la que el alto tribunal asegura que la regularización del Gobierno del PP afectaba al “deber constitucional de todos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.
En todo caso, otras voces como la del presidente del Consejo de Economistas, Valentí Pich, cuestionan la decisión de prohibirlo por ley.
amnistías fiscales son excepcionales, muy poco frecuentes en las democracias consolidadas. Como pasó en el 2012, son medidas que tienen cierta lógica, que permitió aflorar rentas en un momento económico muy complicado, rentas por las que desde entonces están tributando”, explica Pich. “No puedes condicionar lo que hará un gobierno dentro de 20 años. .. Un exceso de teatralidad supone una pérdida de esfuerzos”.
En la misma línea, Jesús Samartin, presidente del REAF (asesores fiscales), apunta: “No veo la necesidad de prohibir ahora las amnistías. Ya hay normas que establecen sanciones y la tributación cuando afloras bienes. Las normas generales están ahí y se pueden aplicar siempre. Y a veces hay que tener una salida para determinados contribuyentes o situaciones económicas muy complicadas”.
Ayer, el presidente Sánchez aseguró que cuentan con informes jurídicos recientes de la Abogacía del Estado donde advierten que la publicación de la lista de beneficiarios de la última amnistía –se ingresaron en el fisco de 1.192 millones de euros– “no es conforme al orden constitucional”. Ante las insinuaciones de la oposición sobre la reticencia expresada ahora por el Gobierno a publicar “la lista de Montoro”, Sánchez negó conocer quién forma parte de dicha listado.
OPINIÓN EN CONTRA
Una ley que impida las amnistías fiscales podría ser anulada por otra ley
OPINIÓN A FAVOR
Se podría blindar la prohibición si se basa en los fundamentos del Constitucional