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El programa económico presentado ayer por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, y el caos que se vivió el lunes en el aeropuerto del Prat, con más de 400 retrasos a consecuencia de las tormentas.
EL presidente Pedro Sánchez presentó ayer en el Congreso de los Diputados un programa de actuaciones económicas y sociales, dentro de lo que ha denominado agenda del cambio, junto con el anuncio de una nueva ley contra el fraude que prohibirá que haya nuevas amnistías fiscales. La hoja de ruta del nuevo Gobierno se encuadra dentro del escaso margen de maniobra que tiene, tanto por su minoría parlamentaria como por encontrarnos a mitad de legislatura. Lo importante, por encima de todo, es que se pueda garantizar el ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo, en un marco de mayor igualdad y cohesión social.
Es relevante que se haya anunciado una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, que es muy elevado en España en comparación con el resto de Europa, y que la misma vaya a incluir la prohibición de nuevas amnistías fiscales, ya que son insolidarias con la mayoría de ciudadanos que cumplensusobligacionesconHacienda.Perohayqueadmitir que si en el futuro no hay más amnistías fiscales se deberá fundamentalmente a la dura crítica que hizo el Tribunal Constitucional a la efectuada en el 2012 por el gobierno del Partido Popular. Sánchez se ha visto obligado a reconocer, asimismo, que no puede publicar la lista de personas que se acogieron a la citada amnistía, como exigió estando en la oposición, ya que el citado tribunal se pronunció expresamente sobre su irretroactividad. Lo sorprendente es que se haya dado cuenta ahora.
Pese a las duras protestas de los sectores empresariales, el presidente del Gobierno se mostró inflexible sobre su intención de rediseñar el impuesto de sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal, con una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales. Justificó esa medida por razones de justicia social. Asimismo confirmó los nuevos impuestos anunciados sobre las compañías tecnológicas y sobre el sector financiero, destinado este último para complementar los ingresos que permitan pagar las pensiones. No citó directamente el nuevo impuesto sobre el diésel pero admitió que habrá nuevas figuras tributarias para desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente.
Habrá que analizar las nuevas medidas que anunció el presidente del Gobierno para asegurar que no provocan más problemas de los que hay. Este es el caso también de la nueva normativa sobre alquileres pensada inicialmente para proteger a los inquilinos. La intención del Gobierno es elevar la prórroga forzosa de los contratos de alquiler de tres a cinco años, así como limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda y excluir la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada. El conflicto de intereses en el ámbito del alquiler de viviendas entre las partes es evidente y encontrar el equilibrio justo es difícil.
El giro social de Sánchez se complementa con su compromiso para mantener la actualización de las pensiones conforme a la inflación, con el fomento de mayores viviendas públicas de alquiler, con un plan contra la explotaciónlaboral,paracombatirlaprecariedad,conotroplan de choque para frenar el paro juvenil, con el impulso del contrato de relevo y prácticas, con una nueva regulación de programas para becarios y con la discutible despenalización de las actuaciones de piquetes en las huelgas para garantizar una mayor libertad sindical. A ello se suman iniciativas de autoconsumo energético en el marco de la ley de Cambio Climático y de Transición Energética.