Lleida ultima el plan que define su futuro en medio de un intenso debate
En la recta final del mandato municipal, el nuevo Plan de Ordenación Urbana (POUM), aprobado inicialmente el pasado abril con la suma de PSC, Ciudadanos y PP, ha recibido un número considerable de alegaciones ciudadanas, que cuestionan la bondad de los objetivos en materia de alzado de los edificios, regularización de edificios en la Horta, superficies comerciales o planificación de usos industriales. No sólo los grupos de la oposición, (PDECat, ERC, Comú y CridaCUP) alegan contra el documento, también muchos particulares, asociaciones de vecinos, tres organizaciones empresariales (Cambra, Pimec y Fecom), inmobiliarias y colectivos feministas, entre otros, han presentado sus objeciones legales.
Las críticas no espantan al alcalde, Àngel Ros, que lamenta que la oposición haya entrado ya en campaña electoral. Ros valora positivamente todo el proceso de participación del POUM y, respecto de las alegaciones, considera que en número son muy inferiores a las presentadas al anterior plan. “Solo significan el 0,7% de las 53.508 personas de Lleida que tienen una o más propiedades. El porcentaje de ciudadanos que han tomado parte en las sesiones participativas del POUM, es muy superior, el 3,4% de los propietarios. El gobierno de la Paeria está orgulloso del proceso de elaboración del nuevo plan y del documento que se ha redactado”, aseguró.
La alegación más abundante es la que se refiere al artículo por el que se recorta la altura edificable en parcelas que suman 2.890 edificios, lo que causa inquietud entre propietarios. La Paeria dice que esta limitación no afecta a los edificios actuales, sino a todos aquellos que se puedan construir en el solar en caso de derribo, y que el actual plan, aprobado en 1999, aplica esta misma medida a 2.676 inmuebles. Contra la opinión de propietarios y abogados, la Paeria mantiene que la medida no afecta al valor de los inmuebles.
Los grupos de la oposición han presentado 96 alegaciones. Toni Postius (PDECat) exige que se prorrogue el plazo de presentación de alegaciones y pone en duda el proceso de participación. El grupo del Comú de Lleida ha presentado 14 alegaciones pero previamente ha denunciado ante el Tribunal Contencioso Administrativo la aprobación del documento “con prisas y adelantando los plazos de tramitación”. También ERC y la CUP han alegado contra el plan por considerar que no da respuesta a los retos de Lleida.
El debate ha provocado división entre asociaciones de vecinos. El presidente de la Federació d’Associacions de Veïns, Toni Baró, manifestó que la organización vecinal declinó presentar alegaciones “porque no conseguimos el consenso y decidimos que si no había acuerdo, mejor no hacer nada”. Cs y PP, aliados del PSC, consideran que el documento es viable y no han presentado ninguna objeción.