¿Quién paga el peaje?
En España seguimos confundiendo servicio público con titularidad. El nuevo ministro de Fomento ha asegurado que cuando acaben las actuales concesiones, la gestión y mantenimiento de las autopistas pasará a manos de la administración y caja públicas. La decisión afecta a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros que vence el 30 de noviembre, y a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, 468 kilometros en total, cuyas concesiones concluyen en el 2019 .
Se trata de un importante riesgo, ya que no se ha especificado cuál será el modelo de gestión de estas infraestructuras. De momento, el coste para las arcas públicas estimado es de más de 1.000 millones de euros, y supone una medida fiscalmente regresiva, porque obliga a pagar por las infraestructuras a todos los ciudadanos, los que las usan y los que no. Además, es necesario recalcar que no sólo está lo que el Estado deberá gastar, sino lo que deja de ingresar. Según datos públicos, las autopistas de peaje generan un ingreso fiscal de 790 millones de euros al año a las arcas públicas, absorben los costes de conservación de las vías que gestionan liberando a los fondos públicos del pago de 230 millones de euros al año, y crean casi 6.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, lo que supone 150 millones de euros anuales. Estos datos arrojan que cada kilómetro de concesión aporta a la sociedad española más de 300.000 euros al año.
Es evidente que España necesita un sistema claro, transparente y de largo recorrido que permita no sólo una gestión adecuada, sino también la financiación del mantenimiento y las obras de mejora futuras. Las infraestructuras antes referidas son fruto de la colaboración público-privada y casos como el de la AP-1 o la AP-7 forman parte de ejes de transporte España-Europa vitales para el país y que usan muchas compañías de transporte domésticas y foráneas para las rutas comerciales de sus camiones. Un hecho que, lógicamente, provoca un mayor coste de mantenimiento.
En España, las infraestructuras viarias son un referente mundial, por su calidad y seguridad. Sin embargo, los principales indicadores de calidad, seguridad y salud de la red viaria han empezado a empeorar. La Asociación Española de la Carretera (AEC) cifra el déficit de mantenimiento de la red de carreteras del Estado y de las Autonomías en más de 7.000 millones de euros. El problema es, por lo tanto, doble. Un coste difícil de asumir para un Estado deficitario y la evidencia de que el Estado no puede mantener una compleja red de carreteras con la calidad y seguridad necesaria a un coste aceptable. Cargar a los presupuestos del Estado la gestión y mantenimiento de las autopistas no sólo es regresivo e injusto sino que es más ineficiente y más caro. Hasta un 20% más caro, según estudios realizados en Europa y en nuestro propio país, donde el sobrecoste en proyectos públicos es bien conocido. No tenemos que inventar nada. Sólo implementar lo que ya está funcionando de manera satisfactoria en las economías más avanzadas. En la propia Unión Europea, así lo aplican países como Francia o Alemania, entre otros, donde el pago por uso, las cuotas para el transporte y la colaboración público-privada en materia de gestión y mejora de infraestructuras no sólo no se pone en duda sino que se defiende como el único modelo posible.
Para ser líderes, hagamos lo que hacen las economías líderes. Avanzar en colaboración público-privada, no retroceder a la estatalización ineficiente y cara. Cargar a todos los contribuyentes con el coste de la red viaria aunque no la utilicen no es defender lo público, es ponerlo en peligro.
No debemos retroceder a la estatalización, ineficiente y cara