El fiscal cree que Alemania ha elevado el riesgo de fuga
La acusación pide que los procesados del 1-O sigan en prisión
La Fiscalía va a pedir hoy que los procesados por el caso 1-O que están encarcelados sigan en prisión. Su argumento fundamental será que a su juicio existe ahora mayor riesgo de fuga que en fases precedentes de la investigación. El motivo habría que buscarlo en la resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein que negó la entrega del expresident Carles Puigdemont para ser juzgado por rebelión.
Los fiscales creen que esta decisión ha incrementado el riesgo de fuga, porque ha puesto de manifiesto que la posible marcha a Alemania puede ofrecer cobertura –e incluso blindaje, en el caso del delito de rebelión– frente a la justicia española. La Fiscalía estima que el peligro de fuga ha aumentado porque ya no cuenta sólo la querella inicial por rebelión y malversación. Ahora dichas acusaciones han sido confirmadas en el auto de procesamiento dictado por el juez encargado del caso 1-O, Pablo Llarena, y han sido ratificadas por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo (TS).
El exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers saben, en suma, que –incluso si la Fiscalía varía su estrategia en el futuro–, el sumario está terminado y se ha abierto una nueva fase, que culminará con un juicio. Y son conscientes de que en él serán enjuiciados por un delito de especial gravedad, el de rebelión, al que pueden corresponder hasta 30 años de prisión.
Hay que tener en cuenta, a este respecto, que la posición de la Fiscalía es muy importante, pero no determinante, porque actúa otra acusación. Aunque los fiscales acaben rebajando sus planteamientos, existe una acción popular, ejercida por Vox, que con toda probabilidad mantendrá las acusaciones más graves y pedirá las penas máximas.
Con tales perspectivas, la decisión de la justicia alemana constituye, a juicio de la Fiscalía, un factor de especial peso para estimular cualquier tentación de huida. De este modo se comprueba que la resolución del Tribunal de SchleswigHolstein ha resultado bifronte. Por una cara, esa decisión supone una rebaja de las acusaciones y da argumentos para pedir que todos los procesados sean tratados con la misma vara de medir.
Pero hay otra cara, que es la que ve la Fiscalía, interpretando que la nueva situación de Puigdemont, tras la negativa alemana al Supremo, puede suponer una incitación a la huida. Junto a ello, la Fiscalía ve con preocupación los últimos movimientos de las fuerzas independentistas. En concreto, la aprobación por el Parlament de la moción que retomaba el proceso hacia la independencia, texto que ha sido suspendido por el Constitucional.
Mientras, es muy probable que el juez Llarena dé a conocer hoy su respuesta a la justicia alemana. Hay muchas posibilidades de que el pulso se mantenga, por la vía de someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante una cuestión prejudicial. Llarena plantearía que los jueces alemanes se han extralimitado. La iniciativa permitiría que el Supremo juzgue a los exconsellers, sin tener que ubicarles en la vista junto a un Puigdemont al que, si acepta su entrega, no podría acusar ahora de rebelión. La intervención del Tribunal de Luxemburgo no tendría el efecto de permitirlo. Se quedaría en una instrucción para el futuro. Pero una resolución favorable aliviaría el revés inicial y evitaría la imagen del banquillo con doble rasero, uno menos grave para Puigdemont y otro más riguroso para sus exconsellers. La duda del Supremo deriva del riesgo de recibir otro varapalo, esta vez desde Luxemburgo.
El juez Llarena decide hoy si remite el caso Puigdemont al Tribunal de Justicia de Luxemburgo