La disputa entre la Generalitat y el Estado llega al arte
El Govern quiere devolver cuadros del TSJC al Museo del Prado
Pese a los reciente gestos favorables al deshielo, el conflicto entre el Govern y las instituciones centrales del Estado sigue vivo incluso en pequeños detalles. Y ahora llega al ámbito del arte. La disputa se refiere a siete cuadros del Museo del Prado depositados desde hace 111 años en el Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). A raíz de una comunicación en que la pinacoteca madrileña indicaba a ésta y otras seiscientas entidades depositarias de obras suyas los requisitos para la buena conservación de las piezas, el Govern pidió al Prado que levantara los depósitos de estas siete pinturas al considerar que las condiciones solicitadas eran inasumibles y comportaban unos gastos demasiado elevados. El Tribunal instó entonces al Consejo General del Poder Judicial a que iniciara los trámites necesarios para retener allí las obras, alegando que no hay problemas de conservación ni seguridad. Y ayer el órgano de gobierno de los jueces dio paso a tal tramitación.
Los cuadros en cuestión son del siglo XIX. Se trata de Camino de los Villares, de Enrique Romero de Torres; Esperando la consulta,
de Rafael García Guijo; La reina Isabel la Católica presidiendo la educación de sus hijos, de Isidoro Lozano; Lago de Como, de Eliseu Melfrèn i Roig; El primer balazo,
de Enrique Estevan y Vicente; San Esteban después de su martirio en las catacumbas, de Eduardo Soler y Llopis; y Vuelta del asistente de un oficial muerto en la guerra de África, de Carlos María Esquivel. De estos siete sólo uno pertenece a un pintor catalán, Eliseu Meifrèn (Barcelona, 18571940), que viajó varias veces a París e Italia, donde pintó también sus paisajes, y pasó temporadas en Sitges y Cadaqués.
Los siete lienzos están colgados en la sala de vistas del Tribunal y en los despachos de los presidentes del TSJC y de la Audiencia Provincial, del Fiscal Superior de Catalunya y de la Secretaria de Gobierno del TSJC.
Todo parte de la ordenación formal de las colecciones del Prado y el Reina Sofía, materializada hace dos años, como consecuencia del reparto de obras antes pertenecientes a los desaparecidos museos de Arte Moderno y Español de Arte Contemporáneo. El 12 de enero pasado, el departamento de depósitos del Prado comunicó esa ordenación a la Generalitat –como titular de la cesión en este caso– y a todas las demás entidades que en el Estado albergan obras de la pinacoteca: unas 600 instituciones con un total de casi 3.000 piezas, de las que unas 300 están en Catalunya en diversos museos e instituciones. En un pdf adjunto, el Prado especificaba las condiciones de conservación que los emplazamientos de depósito deben reunir, relativas a parámetros de humedad, temperatura, luz y niveles de radiación. “Requisitos perfectamente normales”, según fuentes de la propia Genralitat.
Ya en junio, elDepartament de Justícia de la Generalitat consultó sobre el asunto al Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, dependiente del Departament de Cultura, que determinó que dichos requisitos de conservación exigidos por el Prado “no son asumibles” al no reunir el Palau de Justícia “las condiciones de un edificio destinado a funciones museísticas”. El Servei añadió que la adecuación de los espacios donde cuelgan los cuadros para hacerlos idóneos generaría unos costes que “habría que ponderar en relación con el valor patrimonial y artísticos de las obras”. Y enseguida Justícia optó por dirigirse al Prado para que procediera al “levantamiento de unos depósitos realizados cuando los estándares de conservación no eran tan rigurosos como hoy en día”.
El presidente del TSJC, al poco de recibir notificación de la Generalitat sobre su intención de devolver los cuadros al Prado, propuso a la sala de gobierno del Tribunal dirigirse al CGPJ para que se hiciera cargo del depósito si el museo madrileño estaba de acuerdo. En la propuesta de acuerdo que luego aprobaría la sala, el presidente destacaba el hecho de que los lienzos están en el Palau desde 1907, “manteniéndose desde entonces en condiciones lumínicas y ambientales que hacen que durante todo ese tiempo (más de un siglo) no hayan sufrido deterioro alguno visible ni se hayan identificado riesgos concretos y reales de sustracción o análogos, dado que las dependencias en que se alojan y exhiben se encuentran permanentemente vigiladas”.
En su reunión de ayer, el CGPJ
LOS MOTIVOS DE LA GENERALITAT El Govern dice no poder asumir las condiciones de conservación que el museo madrileño exige
LA RESPUESTA DE LOS JUECES El TSJC replica que los cuadros se conservan allí desde 1907 y que la seguridad es óptima
no sólo se mostró dispuesto a dirigirse al Prado para retener los cuadros en el Palau sino que dio algunos pasos más. Lo hizo a través de su Comisión Permanente, con petición de un informe a su gabinete técnico para que estudie la posibilidad jurídica de que el TSJC asuma el depósito de las pinturas y, para ello, la oportunidad de firmar un convenio con el Prado (“o el órgano del que dependa”) a fin de articular las condiciones de dicho depósito. Si el informe del gabinete técnico es positivo, el Consejo entablará contactos con el Prado “para analizar las condiciones de conservación necesarias que deberán considerarse en el convenio y las medidas mínimas imprescindibles y provisionales que hayan de adoptarse hasta su firma”.
La permanente del CGPJ decidió también pedir al TSJC, de paso, que le informe del “número e identificación de otras obras de arte que se encuentren en otras dependencias judiciales” dentro de Catalunya, así como de las condiciones legales que rigen su presencia en esas sedes. Así el Consejo podrá elaborar un inventario que le permitirá al menos tener claro el patrimonio que atesoran los edificios bajo su control o amparo orgánico.
Los responsables del Museo del Prado, al fin y al cabo propietario de las obras de que se trata, no tomarán una decisión mañana ni pasado. A priori, y según fuentes del centro, la pinacoteca no tiene inconveniente en que el depósito de estas o cualesquiera obras suyas pasen de una institución a otra, siempre y cuando aquella que lo asuma garantice el cumplimiento de los requisitos de conservación. Las obligaciones del Museo son para con “la protección de las obras y del patrimonio”, subrayaron esas fuentes. Hay “una predisposición positiva para un buen entendimiento con otras instituciones”, añadieron.
Un portavoz del Departament de Cultura de la Generalitat afirma que en el informe emitido se limitaban a “desaconsejar” este depósito dado que las condiciones ambientales en el Palau de Justicia no son las adecuadas y “no sería razonable asumir un elevado coste para su mantenimiento”.