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La decisión del juez Llarena de rechazar la extradición de Puigdemont sólo por el delito de malversación, y la aprobación en Israel de la ley Básica de la Nación Estado, que impone la supremacía de la población judía sobre la árabe.
EL juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena renunció ayer a la entrega de Carles Puigdemont por la justicia alemana sólo por el delito de malversación. El magistrado, en un auto de 21 páginas, retira la euroorden de detención no sólo contra el expresident sino también contra el resto de políticos catalanes en el extranjero: Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig en Bruselas, Clara Ponsatí en Escocia y Marta Rovira en Suiza.
El juez Llarena no oculta su malestar por la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de que Puigdemont no podía ser juzgado por rebelión, acusa a los magistrados alemanes de falta de colaboración y los critica por haber anticipado un juicio a los imputados sin tener competencia para ello. También denuncia que confieran al testimonio de Puigdemont “valor probatorio” sin cotejarlo con la investigación efectuada en España. Pese a todo ello Llarena –que mantiene la orden de detención nacional por rebelión– descarta acudir al Tribunal de Justicia de la UE para plantear una cuestión prejudicial.
La decisión del magistrado –que con Puigdemont ha jugado a todo o nada y al final se ha quedado con nada– suscita una doble reflexión, judicial y política. En el campo jurídico, de nuevo la imagen internacional de la justicia española ha quedado en entredicho. Si la instrucción efectuada por Llarena ya suscitó controversia, ahora, al retirar la euroorden, el juez decide dejar de perseguir a Puigdemont por malversación mientras mantiene en la cárcel al resto de políticos independentistas, lo que plantea dudas sobre una posible discriminación en el tratamiento judicial. De hecho no será fácil garantizar el enjuiciamiento de todos los implicados en el proceso por los mismos delitos. Recordemos que esta es la segunda euroorden que Llarena se ve obligado a retirar. En diciembre ya revocó las cursadas por la juez Lamela a la espera del auto de procesamiento. Y hace unas semanas la justicia belga propinó otro varapalo al magistrado al denegar cursar la orden de detención contra Comín, Serret y Puig por un error de forma.
La Fiscalía cerró filas ayer con el magistrado y volvió a negar la libertad para los políticos presos usando como argumento que precisamente la decisión del tribunal alemán hace aumentar el riesgo de fuga si fueran excarcelados. Por contra el mundo independentista reiteró su demanda de liberación inmediata de los presos y el president Torra llegó ayer a pedir “responsabilidades” al Estado.
En el aspecto político, las consecuencias de la decisión del magistrado tampoco son menores. La retirada de las euroórdenes permite que todos los políticos catalanes huidos al extranjero puedan moverse con total libertad por toda Europa menos por España, pero ello no es óbice para que Puigdemont haga una seria reflexión sobre cuál debe ser su papel político en esta nueva etapa. En unos días volverá a Bruselas para desde allí seguir liderando la internacionalización del conflicto aprovechando el altavoz que supone la capital comunitaria, pero no debe confundir lo que él y sus abogados consideran un éxito judicial con una victoria política. Puigdemont podrá desde Waterloo hacer saltar por los aires la dirección del PDECat, implementar el Consell de la República o poner en marcha la Crida Nacional, pero el Govern de todos los catalanes está en el Palau de la Generalitat, la situación de Catalunya sigue siendo muy compleja y los problemas persisten, tanto internos como evidencia la última trifulca soberanista, como externos en las relaciones con el Estado. Cada uno debe saber qué papel le toca y puede jugar.