Turquía levanta el estado de excepción tras dos años de purgas
El Gobierno del presidente Erdogan prepara una ley antiterrorista más dura
Turquía se despertó ayer algo más distendida, debido al levantamiento del estado de excepción. Este llevaba en vigor desde que hace dos años se frustrara en la calle el último golpe de Estado. Desde entonces, las medidas de urgencia habían sido prorrogadas siete veces, por periodos de tres meses, ostensiblemente para descabezar la infiltración golpista en el aparato del Estado y la insurrección kurda, más transfronteriza que nunca.
Un aire más ligero, quizás, sin que nadie baje la guardia, puesto que el Gobierno ha anunciado ya una nueva ley antiterrorista que pospondrá tres años el pleno retorno de varias de las garantías legales previas a la intentona. El comité de Justicia de la Asamblea trabaja ahora mismo su concreción, aunque se ha filtrado, entre otras cosas, que sólo se autorizarán manifestaciones diurnas y que las detenciones en comisaría podrán extenderse hasta doce días. Por otro lado, la entrada en vigor del nuevo sistema ultrapresidencialista excusa a Recep Tayyip Erdogan de la cobertura del estado de excepción para imprimir su sello al país.
En estos dos años, más de 50.000 personas han sido detenidos por vínculos con la cofradía de Fethullah Gülen, presunta columna vertebral del golpe. En la mitad de casos ya hay sentencia. Asimismo, más de 100.000 funcionarios han perdido su empleo bajo la misma acusación o por vínculos con el movimiento nacionalista kurdo. Estas personas no pueden volver a ser empleadas en el sector público y el porcentaje de recursos resueltos favorablemente es mínimo.
De cualquier modo, la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, ha saludado el fin del estado de excepción como “un paso en el camino correcto”. Pero advierte que todavía hay mucho por recorrer en lo que respecta a la “separación de poderes” e “independencia judicial”. Esta ha salido ganando con la depuración de miles de jueces colocados por “la mafia gülenista” –la expresión es del eminente economista turcosefardí de Harvard, Dani Rodrik. Por otro lado hay dudas sobre la capacitación acelerada –y la neutralidad– de miles de abogados para cubrir otras tantas vacantes.
Aunque las transformaciones de los últimos años han alejado a Turquía de la UE en varios parámetros, en lo relativo a la sujeción de los militares al poder civil se ha acercado a grandes zancadas al acervo europeo. Erdogan ha eliminado los tribunales militares, ha establecido la preponderancia del Ejecutivo en los ceses y ascensos en el escalafón militar y ha situado al ejército bajo la tutela del Ministerio de Defensa –y no a la inversa. De entrada, de la forma menos traumática, nombrando a un nuevo jefe del Estado Mayor y colocando al anterior como ministro de Defensa.
La asonada del 2016 dejó cerca de 300 muertos y 2.200 heridos. No sólo Erdogan, sino la mayoría de los turcos –incluidos el Nobel Orhan Pamuk o el periodista perseguido Can Dündar– ven detrás la infiltración de la cofradía de Fethullah Gülen, que maneja miles de millones de euros en más de cien países. También en España, donde cuenta con plataformas ostensiblemente cívico-culturales, como Casa Turca y la Plataforma Pro Derechos y Libertades –y a nivel europeo, con el Stockholm Center for Freedom. En Alemania, donde se han refugiado miles de gülenistas, controlan más de cien escuelas. En EE.UU., donde vive Gülen, muchas más.
Orkun, un publicista en las antípodas de Erdogan, no consideraba que ayer se respirara un aire nuevo. Hace dos años, de camino a su agencia, vio los últimos coletazos de violencia en el puente del Bósforo. “Otro golpe de Estado es imposible”, dice, pero no por las purgas y los cambios legales, sino porque “hoy saldría a la calle a parar los tanques incluso el doble de gente que en el 2016”.
Después del intento de golpe del 2016, más de 50.000 personas han sido detenidas por vínculos con Gülen