Las comunidades del PP votan no al objetivo de déficit del Gobierno
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba la inyección de 2.400 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió el pasado martes al Partido Popular de que, si vota en contra de los nuevos objetivos de déficit y de deuda pública para el 2019 en el Congreso, y sobre todo en el Senado donde ostenta mayoría absoluta, los primeros perjudicados serán los presidentes de las comunidades que gobiernan. “¡Ustedes tendrán que explicarles a sus presidentes autonómicos que van a rechazar el que haya una inyección de recursos de 2.400 millones de euros a las comunidades autónomas!”, apremió Sánchez al PP.
Pero ayer fueron los propios presidentes autonómicos del PP, a través de sus consejeros de Hacienda, los que votaron en contra de los nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año. Así lo hicieron anoche, durante la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidida por las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial, Meritxell Batet. Las cinco comunidades gobernadas por el PP –Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia–, además de Canarias, votaron en contra. Seis territorios gobernados por el PSOE votaron a favor –Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Asturias– votaron a favor junto a Cantabria. Pero la Cosidencia munidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig –con quien hoy se reunirá el propio Pedro Sánchez en Castellón–, optó por la abstención. Euskadi y Navarra no participan en el CPFF, porque no están en el régimen común. Y Catalunya, como ya había anunciado Quim Torra, no acudió a la cita. Una ausencia que fue criticada, en todo caso, por muchos de los consejeros reunidos en este foro multilateral.
Pese a la oposición de las comunidades del PP, los objetivos de estabilidad fueron aprobados ya que, en todo caso, el Gobierno tiene mayoría en el CPFF. Y hoy, estos objetivos de déficit y deuda, junto al límite de gasto no financiero –el conocido como techo de gasto que es el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado del 2019, los primeros del Gobierno de Sánchez– serán aprobados por el Consejo de Ministros. Después, los objetivos de déficit y deuda habrán de ser votados en el Congreso e, inmediatamente después, en el Senado. Pero la posición que ayer manifestaron con su voto los consejeros del PP ya augura muy serias dificultades para que el Gobierno pueda sacar adelante sus primeros presupuestos, que serán la primera gran prueba de fuego para Sánchez. No en vano, de que logre aprobarlos dependerá la continuidad de la legislatura. Y eso que ayer ni siquiera estaba aún resuelta la futura pre- del PP que habrá de dirimirse mañana entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.
La cuestión es que, tras el anuncio de Sánchez de que las cinco décimas adicionales de déficit arrancadas a la Unión Europea se van a repartir entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, de forma que las comunidades autónomas cuenten con dos décimas más, pasando de un objetivo de déficit público del 0,1% al 0,3 % del PIB, se traduce en unos 2.400 millones de euros de margen fiscal adicional para el conjunto de las comunidades. Y el Gobierno pensaba que a las autonomías del PP les temblarían las piernas. Pero no fue así. Y eso que Sánchez instó al PP a que eligiera entre que las comunidades autónomas tengan más recursos económicos o sigan asfixiadas y haciendo recortes.
Pero algunas de las comunidades del Partido Popular aseguraron que lo que demandan no es ampliar el déficit, sino incrementar el límite de gasto. “Es una equivocación darle un enfoque de deuda. El enfoque de mayor gasto tiene que venir por darle más recursos dentro del sistema”, esgrimió el consejero gallego, Valeriano Martínez. También las consejeras de Madrid y de Castilla y León, Engracia Hidalgo y Pilar del Olmo afirmaron que lo que reclaman “no es más deuda”, sino que se reforme el modelo de financiación de las comunidades “lo antes posible”.
El vicepresidente del Govern y conseller de Economia i Hisenda, Pere Aragonès, remitió una carta a la ministra Montero para justificar su ausencia, porque prefiere negociar en la comisión bilateral Estado-Generalitat, de inminente convocatoria.
No obstante, anoche Montero advirtió que la financiación autonómica sólo se negociará en foros multilaterales.
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