Colau y Pisarello niegan “recortes” pero admiten inversiones que no se harán

En el diccionario político de los comunes no existe la palabra “recortes”... a menos que esta se utilice para denunciar las políticas de austeridad de los gobiernos, de los otros, no de los propios. En las últimas horas, en vísperas del pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado para hoy y forzado por la oposición para conocer cuál será el alcance de las “reprogramaciones” previstas por el gobierno municipal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su número dos, Gerardo Pisarello, han negado una y otra vez la palabra tabú, aunque ambos han admitido “incertidumbres” respecto a algunos ingresos (las plusvalías) y, en el caso del primer teniente de alcalde, ha reconocido que “quizás tendremos que esperar a hacer todo lo que queríamos”.

En una entrevista en la televisión municipal Betevé, Pisarello señaló que una caída imprevista de ingresos por las plusvalías ha obligado al ejecutivo local a revisar sus cuentas. “Forzamos la máquina porque no queríamos dinero en el cajón (superávit, como en los años anteriores), pero ahora, por prudencia, frenamos para no generar déficit”.

Desde que la semana pasada salió a la luz un documento del equipo económico del Ayuntamiento con más de un centenar y medio de propuestas de inversiones que podrían quedar frenadas por la merma de ingresos (rebajas que sumaban 107 millones de euros entre este año y el 2019), el gobierno de Ada Colau, sin negar la primera evidencia –la existencia de ese documento, que se apresuraron a contextualizar en “el peor de los escenarios posibles”– han buscado todo tipo de explicaciones y desviaciones de responsabilidades para justificar un desajuste en los cálculos que ha ido variando según el día y la fuente. Probablemente hoy en el pleno, o mediante alguna filtración periodística, alumbrarán una nueva versión.

Colau y Pisarello insisten en una mala interpretación por parte de los socialistas de la caída de ingresos por el IBI, hablan de las plusvalías (la alcaldesa aseguró ayer en TV3 que quiere negociar ese asunto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez) y apuntan contra la Generalitat. Una muestra: Pisarello, sin desvelar si se dejará o no de construir alguna guardería, reiteró la necesidad de que la administración autonómica pague la deuda de 41 millones de euros que tiene con el Ayuntamiento por este concepto. Pero es que, además, el primer teniente de alcalde añadió una novedad a su argumentario defensivo: no habrá tiempo para licitar en este mandato – y por lo tanto iniciar obras– de algunos de los proyectos publicitados a bombo y platillo por el Ayuntamiento, como el de la transformación en equipamientos del edificio del Borsí, en la calle Avinyó. “No hay tiempo real”, sentenció el lugarteniente de Ada Colau.

Que el gobierno de BComú puede tener dificultades para llegar a final de mandato sin apuros económicos es algo que apunta toda la oposición y que es reconocido de forma generalizada en muchas áreas de gestión, que ya hace tiempo escuchan el tam tam de un recorte del gasto corriente. Inversión o gasto, ¿qué se verá más afectado? Por ahora, a falta de menos de un año para las elecciones, la alcaldesa ha priorizado la paz social interna. Ayer compareció con los representantes de los sindicatos para celebrar el nuevo convenio colectivo de los trabajadores municipales, el primer o en diez años. Entre otras cosas, fija un incremento salarial de 3 puntos anuales, amplía de 4 a 6 semanas el permiso de paternidad, da facilidades a la hora de reducir la jornada a trabajadores con personas dependientes a su cargo y reconoce la pérdida de poder adquisitivo que los empleados tuvieron en el 2017 y una parte de retroactividad. A bomberos y guardias urbanos les reduce la jornada laboral en casi un 3% y un 5%, respectivamente.