El TSJC suspende el reglamento de Colau contra las licencias VTC
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido de forma cautelar el reglamento del Ayuntamiento de Barcelona que pretendía regular el régimen las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), al añadir nuevos requisitos para que empresas como Uber o Cabify pudieran operar en la capital catalana. Una norma que habría tenido como efecto la eliminación de la mitad de las licencias VTC en la ciudad.
El órgano judicial ha accedido así a la petición interpuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que sostenía, entre otras cosas, que la medida promovida por la alcaldesa Ada Colau excedía el marco de las competencias municipales.
Dicho reglamento fue promovido dos días antes de la celebración del Mobile World Congress. Una iniciativa política que obtuvo, en víspera del salón de los móviles, el beneplácito del sector del taxi y permitió que el evento se desarrollara con normalidad.
Pero ahora, cuatro meses después, las dudas jurídicas de esta medida han salido a flote. Al punto que el TSJC, que no debería entrar en el mérito de la controversia al tener que examinar sólo la oportunidad de mantener la vigencia del reglamento, en varios párrafos da a entender que la norma no se sostiene. De hecho, el ministerio de Fomento también anunció hace unos días que recurriría la normativa municipal.
“El recurso de la CNMC presenta una apariencia de buen derecho que se presenta como especialmente intensa”, reconoce el tribunal. “Nos enfrentamos a una norma reglamentaria que presenta toda la apariencia de pretender soslayar que las autorizaciones VTC son títulos habilitantes estatales (gestionados por la Generalitat) y que por su naturaleza y alcance no pueden verse cortocircuitados por otros títulos indebidamente yuxtapuestos”. Para subrayar “(...)la dudosa compatibilidad del Reglament metropolitano con las previsiones de la Ley de garantía de la unidad de mercado”. Por estas razones, los jueces creen que la norma no podía seguir en vigor, ya que esto traería consigo la pérdida de vigencia de las VTC actuales o de aquellas en trámite de concesión. “Y todo ello con perjuicio para los clientes; pérdida de puestos de trabajo; pérdida de inversiones y depreciación de activos...”.
Por su parte, el sector del taxi, que desde hace tiempo sostiene que las empresas como Uber o Cabify no cumplen con la ley, ha anunciado que dará batalla. Para el día 25 de julio han anunciado una manifestación en Barcelona.