La seguridad jurídica, al agua
En el 2012, la Generalitat, siguiendo la directiva marco del Agua de la Unión Europea, hoja de ruta de los países europeos más eficientes, creó un modelo de gestión del agua que garantizase además de una gestión profesional del servicio de distribución de agua en alta la financiación de 139 millones de inversiones urgentes en la red Ter-Llobregat.
A través de un concurso público, el Govern adjudicó la gestión de la red Ter-Llobregat a un consorcio privado que, desde entonces, ha asegurado los estándares de calidad exigidos, la cantidad y la continuidad del servicio, las inversiones necesarias para mantener la red en óptimas condiciones y la dotación de 31 millones de euros para un fondo de sequía que cubra los episodios de sequía en Catalunya. Así, pasamos de un modelo deficitario y sin marco de control a uno ordenado y sin impacto en el déficit de la Generalitat.
En su momento, la Generalitat optó por un modelo eficiente y sostenible que, además, le sirvió para resolver la falta de liquidez ante unos bancos que habían cerrado sus puertas a la financiación pública y para reducir su déficit en 1.000 millones de euros. Ahora, sin poner en duda este modelo, el Tribunal Supremo ha reconocido que la Generalitat cometió un error en un momento incluso previo a la presentación de las ofertas del concurso; un problema ajeno al adjudicatario, pero que ha llevado al Tribunal Supremo a anular la adjudicación.
La Generalitat ha continuado errando y no ha sabido explicar a la ciudadanía cómo se calcula la tarifa del agua en alta en un sistema de gestión eficiente y sostenible. No puede someterse a decisiones arbitrarias. La UE marca que la tarifa del agua debe soportar el coste de su producción, la financiación de las inversiones y el canon concesional, quedando a salvo de presiones políticas. Sin embargo, en el 2016, la Generalitat, asumiendo el precio de tener de socio parlamentario a la CUP, sucumbió a estas presiones, más cercanas a los avatares del procés que al buen hacer de un gestor del interés público, y anunció la voluntad de condonar parte del canon a pagar por la concesionaria en el 2017, para poder así congelar la tarifa del agua. Pero, al no realizar las correspondientes modificaciones en el contrato concesional, provocó un déficit de tarifa en la concesionaria que deberá trasladar más pronto que tarde a los presupuestos.
Y todo esto lo rematamos con un nuevo esperpento. Ahora, como guinda final, la Generalitat ha decidido recuperar la gestión a través de la fórmula de decreto ley, a pesar de ser una herramienta posible sólo en casos de urgencia. Con ello, fomenta aún más la inseguridad jurídica y por lo tanto pone en crisis la reputación de la institución, abriendo la puerta además a que el Tribunal Constitucional (TC) lo tumbe por inadecuado en su forma. No olvidemos a Montoro y su amnistía fiscal, con un decreto ley que dio mucho que hablar y que el TC tumbó al considerar que no era el vehículo adecuado para aprobar la medida. Si nadie pone freno, la Generalitat abocará sin remedio a Catalunya a un nuevo naufragio económico, sin rumbo y sin modelo para financiar las infraestructuras hídricas necesarias. Y los ciudadanos, una vez más, con el agua al cuello y sin salvavidas.
El Govern no ha sabido explicar a la ciudadanía cómo se pone precio al agua en un sistema de gestión sostenible