“Lo que los catalanes tienen que votar es un acuerdo político”
Los retratos de Cánovas, Azaña o Suárez, entre otros muchos antiguos moradores del vetusto palacete del paseo de la Castellana, observan ahora el agotador día a día de Meritxell Batet (Barcelona, 1973) en la que fuera histórica sede de la Presidencia del Gobierno de España, que alberga al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige desde hace 45 días. Su inminente reto es la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat después de siete años, que presidirá el miércoles en Barcelona junto al conseller Ernest Maragall.
¿Usted sería el poli bueno del Gobierno ante Catalunya y el ministro Josep Borrell el poli malo? El Gobierno actúa como un equipo, tiene una línea de actuación, un proyecto y una posición política respecto a la crisis territorial en Catalunya muy clara y compartida. No hay un reparto de papeles, hay una actuación unánime.
¿Cómo es su relación, personal y política, con Ernest Maragall?
Le conozco desde hace muchos años, hemos tenido siempre una relación cordial. En algunos momentos hemos compartido proyecto político, aunque ahora nuestros proyectos políticos están ciertamente muy alejados. Pero el respeto por la persona y por lo que representa es fundamental en nuestra relación.
¿Una relación más fluida que con Elsa Artadi?
Esta semana tuve ocasión de conocerla, aunque ya habíamos intercambiado llamadas. Y la relación fue absolutamente afable y cordial. La distancia ideológica no quiere decir que las relaciones personales tengan que ser necesariamente conflictivas. Para defender con fuerza y convicción los ideales o principios que tengo interiorizacas, dos, no me hace falta destruir al que tengo enfrente, ni confrontar de manera agresiva. Puede producirse una confrontación contundente, sin fisuras en la defensa de mis principios, pero manteniendo el respeto por los principios del otro.
Pedro Sánchez admitió que la única solución al conflicto pasará porque los catalanes voten. ¿Pero que voten qué?
Más allá de las limitaciones jurídi- que es imprescindible respetar y son nuestro frontispicio, si de verdad queremos resolver el problema de fondo desde el punto de vista político, lo que hay que votar es un acuerdo. Los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo previo de ponernos de acuerdo y conseguir una amplia mayoría. No se trata de empatar o de contarnos los unos a los otros, sino de conseguir un consenso amplio que represente al 80% o al 100% de la voluntad de la sociedad. Ese acuerdo es el que se debería someter a una votación.
¿El Gobierno asumiría la convocatoria de un referéndum en Catalunya?
La posición del Gobierno ha quedado muy clara. Nuestro marco constitucional no permite la celebración de un referéndum de autodeterminación. Nuestra Constitución es taxativa, como todas las de nuestro alrededor. Ha habido una manifestación del Tribunal Constitucional alemán, también del italiano, o del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y en España tampoco se concibe que sea posible un referéndum de autodeterminación. Esa es la limitación legal evidente y clara que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico.
¿El golpe de timón de Carles Puigdemont en la asamblea del PDECat dificulta la interlocución en el Congreso?
La asamblea del PDECat deja ver una tendencia, seguramente universal, a optar por las opciones menos centradas, menos moderadas y más radicales. Es el PDECat el que tendrá que ir configurando sus posiciones políticas y definiendo su voto a medida que el Gobierno lleve las iniciativas al Congreso.
¿Pero la estrategia de Puigdemont interfiere en la relación entre los gobiernos?
PRIMERA COMISIÓN BILATERAL
“Espero que la Generalitat responda a los intereses de todos los catalanes”
RESPETO INSTITUCIONAL Y PERSONAL
“Para defender mis principios, no me hace falta destruir al que tengo enfrente”
Institucionalmente es muy importante la recuperación de la normalidad que ha empezado a funcionar. La primera reunión entre el presidente del Gobierno y el president Torra fue un hito importante. Y la celebración de la primera comisión bilateral entre los dos gobiernos continúa profundizando en esa normalidad institucional. Espero que la Generalitat responda a la defensa de los intereses de toda la ciudadanía catalana y no haga dejación de sus responsabilidades.
Primera cita en siete años. ¿Demasiadas expectativas?
La celebración de la comisión en sí ya cubre en gran medida unas expectativas: empezar un camino inexplorado durante siete años. Un camino de normalidad institucional y de ruptura del silencio entre gobiernos. De la comisión pueden salir elementos positivos, como será dar continuidad a los trabajos en las comisiones mixtas previstas en el propio Estatut y crear grupos de trabajo para sacar adelante acuerdos que pueden fructificar en los próximos meses.
Pero no se prevé cerrar ya acuerdos. ¿Hay obstáculos?
La convocatoria de la comisión es la prioridad, porque la anomalía de no haberse reunido durante siete años recomendaba que se produjera lo antes posible. Tradicionalmente se reunía a posteriori, para culminar los acuerdos trabajados previamente. Después de siete años de enfriamiento y distanciamiento entre las dos administraciones, lo importante era que hubiese esta primera toma de contacto. En 45 días que este Gobierno lleva al frente de la administración general del Estado era muy complicado llevarlos cerrados, pero sí ponemos encima de la mesa una agenda importante. Espero que futuras comisiones bilaterales sirvan para cerrar acuerdos.
¿El Govern quiere avanzar en acuerdos sobre políticas que considera autonomistas? Las políticas no son autonomistas o no autonomistas, las políticas benefician o no a los ciudadanos. Y el Gobierno tiene como prioridad llegar a acuerdos y avanzar en esa línea. Nuestra vocación es transformar la realidad para mejorar la vida de las personas. Que exista tanta conflictividad entre las administraciones es negativo para los ciudadanos, y el esfuerzo que tenemos que hacer los dos gobiernos es llegar a acuerdos. Espero que el Govern tenga vocación de gobernar y representar los intereses de todos los catalanes.
¿Los presos son un problema para el diálogo?
Hay que distinguir muy claramente las competencias de los poderes ejecutivos que representamos. En el marco de nuestras competencias, tenemos la obligación de avanzar todo lo que se pueda. Es bueno para nuestro país que haya un poder judicial independiente y fuera del alcance de las decisiones y opiniones del poder ejecutivo. Debe ser así en cualquier sistema democrático. No tiene sentido que abordemos constantemente cuestiones que no están dentro de la esfera de nuestras competencias y sobre las que no podemos avanzar en nada.
¿Que Alemania descarte la rebelión en Puigdemont compromete a la justicia española? La justicia española actúa con independencia y profesionalidad, nos podemos sentir orgullosos. También respeto las tradiciones y la configuración del poder judicial de otros países. Responden a ordenamientos jurídicos distintos, y por tanto a lógicas jurídicas distintas.
¿Que el juez Llarena retire la euroorden condiciona a la Fiscalía? La Fiscalía es independiente, y eso es bueno para la calidad de nuestra democracia. El Gobierno define una política criminal, en términos generales, pero lo que no puede hacer nunca es dar órdenes a la Fiscalía sobre casos concretos.
El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, propone recuperar el delito de convocatoria ilegal de un referéndum.
En los últimos siete años no ha faltado ni vía judicial ni Código Penal en la resolución de un conflicto político. Lo que sí faltó fue precisamente política. Por eso queremos concentrar todo nuestro esfuerzo en abrir y explorar la vía política y recuperar la normalidad institucional si queremos que la sociedad catalana, y la española en su conjunto, avance en una solución real.
¿Pero cuánto tiempo puede esperar el problema catalán a lograr una solución real? Lleva esperando muchísimo tiempo. Algunos pueden pensar que se llega tarde, pero siempre hay tiempo para la política y para encontrar soluciones, porque la alternativa es resignarnos o tirar la toalla. Y muchos ciudadanos llevan mucho tiempo sufriendo problemas de convivencia, dolor y fracturas, en lo personal y familiar, más allá del daño económico o institucional que produce esta crisis territorial.
LA VÍA POLÍTICA
“En siete años de conflicto no ha faltado vía judicial o Código Penal, sino política”
LIMITACIÓN LEGAL
“La Constitución es taxativa: no permite un referéndum de autodeterminación”
PRISIONES PREVENTIVAS
“En la cuestión de los presos no podemos avanzar, no está en nuestras competencias”