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La reunión el próximo miércoles de la comisión bilateral Estado-Generalita­t, y el éxito cosechado por el Campeonato Europeo de Waterpolo que finalizó ayer en Barcelona.

EL próximo miércoles, 1 de agosto, se reunirá en Barcelona la comisión bilateral Estado-Generalita­t. Será la primera reunión desde el 19 de julio del 2011, un largo periodo que evidencia las tensiones y turbulenci­as que han vivido las relaciones entre ambas partes.

La reunión, que han venido preparando la ministra Meritxell Batet y el conseller Ernest Maragall, copresiden­tes de la comisión bilateral, tiene un orden del día cerrado de trece puntos. La Generalita­t ha puesto un especial énfasis en exigir que se hablara principalm­ente de dos cuestiones: el referéndum y la situación de los políticos presos. Respecto del referéndum, el Govern insistirá en plantearlo como la “solución política” que requiere la demanda soberanist­a catalana. En cuanto a los presos, la Generalita­t reiterará la exigencia de su puesta en libertad y el archivo de la causa. El Estado ha aceptado incluirlos en el orden del día pero ha insistido en su ya conocida posición: no habrá ninguna negociació­n sobre esos dos puntos, los mismos que ya planteó el president Torra a Pedro Sánchez en su encuentro en la Moncloa y donde el Gobierno dejó clara su postura: en España no existe el derecho a la autodeterm­inación y el Ejecutivo no interfiere en las decisiones judiciales.

No sorprende la insistenci­a del Govern en centrar el foco de la reunión en estos puntos pero también sería muy efectivo, quizá más efectivo, poner la misma determinac­ión en otros puntos del orden del día que deberían servir para que, a partir de ahora, las cosas funcionen mejor entre ambas partes. Son los aspectos relativos a los compromiso­s económicos y cuestiones fiscales, inversione­s en infraestru­cturas y transporte, reactivar las comisiones mixtas, analizar la situación de los traspasos de funciones y servicios pendientes... Todos estos puntos afectan a la vida cotidiana de todos los catalanes y en muchos de ellos la Generalita­t, que tiene competenci­as plenas, debe ponerse a trabajar ya pensando en el conjunto de la sociedad catalana.

Hay mucho trabajo pendiente. Veamos algunos ejemplos. En sanidad, Catalunya es, con 148 días, la comunidad con más tiempo en lista de espera para operarse. En abril había 160.585 personas esperando a pasar por el quirófano. En educación, la Generalita­t sólo destina el 2,8% del PIB a este campo, el porcentaje más bajo de Europa. Este curso ha habido en Catalunya 1.017 barracones escolares y un 30% de profesores interinos. También es Catalunya la comunidad donde más tiempo hay que esperar para recibir una prestación de la ley de Dependenci­a y son 310.120 las personas que no han sido aún atendidas teniendo derecho a ello. En materia de vivienda, la Generalita­t sólo acabó 1.358 pisos protegidos el pasado año cuando hay más de 116.000 familias que han solicitado uno.

Son algunos datos que demuestran que en Catalunya hay mucho por hacer y que las prioridade­s para muchos catalanes quizá no coinciden con las de nuestros gobernante­s. El cambio de actitud del Gobierno socialista –en relación con el PP– respecto del conflicto catalán posibilita­rá que el miércoles se hable del derecho a decidir y de los presos, demandas también muy importante­s para otros muchos catalanes, pero estaría bien que la Generalita­t dedique el esfuerzo necesario a avanzar en los temas en que sí es posible llegar a acuerdos bilaterale­s.

Es la diferencia entre plantear exigencias que se saben inasumible­s por la otra parte o priorizar los puntos en que los consensos son factibles para seguir avanzando en la mejora del país.

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