Estallido solidario con Juana Rivas
La asociación de juezas y más de 150.000 personas en una campaña proindulto critican que la sentencia ignore el maltrato
La sentencia dictada por un juez de Granada contra Juana Rivas por la que se la condena a cinco años de prisión y a seis sin la patria potestad de sus dos hijos por un delito de sustracción de los niños ha provocado un estallido de solidaridad desde que se conoció la resolución ayer.
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha denunciado que ese auto condena tanto a la acusada como a sus hijos, que pierden el vínculo con su madre a pesar de que “todos” los informes de especialistas “confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora”.
A juicio del colectivo, este fallo “que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social” es producto de ignorar la “obligación” de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, de forma que se pueda interpretar la norma salvaguardando los derechos humanos.
AMJE considera que la “persistencia de estereotipos” sobre los maltratadores y las víctimas en la labor judicial llevan a valoraciones de las pruebas e interpretaciones de la norma que corren el riesgo de “consagrar una manifiesta injusticia”. Y recuerda que recientes pronunciamientos judiciales, como la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2018, integran el “mandato” de aplicar la perspectiva de género y atender las “particulares circunstancias que pueden darse frente a quien denuncia ser víctima de violencia machista”. Además, la asociación de juezas recuerda que en el 2014 el Comité Cedaw de Naciones Unidas recomendó a España en un dictamen a raíz del asesinato de la hija de Angela González que se tomaran “medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia machista sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos”.
Más de 150.000 personas han firmado una petición en Change.org para solicitar el indulto para Rivas. Se pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que “hagan todo lo posible para conceder el indulto a Juana Rivas de manera inmediata” y que empiecen a “poner fin a esta injusticia”. Esta campaña, promovida por la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (Aivig), Amar y Alma, lamenta que “el Estado español deja a sus hijos en situación de vulnerabilidad máxima y sin su madre”.
Por su parte, Francisca Granados, asesora jurídica de Juana Rivas, habló de “violencia institucional”
Las magistradas hablan de desproporción en el fallo y recuerdan que los autos deben integrar la perspectiva de género
ayer al referirse a la sentencia. “Es un suma y sigue”, dijo refiriéndose a los episodios previos de malos tratos por parte de Francesco Arcuri. En un escrito remitido a Efe, la también directora de Igualdad y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) expone como “importante problema” la falta de aplicación por la mayoría de los juzgados de las reformas introducidas en el ordenamiento jurídico en el 2015 respecto a protección de menores como víctimas de violencia.