El déficit y el futuro del Gobierno
La importancia política de la derrota del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado viernes en el Congreso trasciende los detalles técnicos sobre la senda de déficit y el techo de gasto, aun siendo estos importantes. La votación contraria a la propuesta del Gobierno ha sido el primer episodio, en este caso fallido, del debate sobre los presupuestos del Estado del año próximo. Y si Sánchez no encuentra la clave para revertir en su favor la relación de fuerzas expresada esta semana en el Parlamento, más difícil tendrá conseguir la mayoría para aprobar los presupuestos del 2019. Sin ella, estaría condenado a prorrogar las cuentas formuladas por el PP, las del año 2018, esas que ya ha tenido que tragarse pese a haberlas rechazado cuando estaba en la oposición y que son las ahora vigentes. Sin presupuestos propios para el 2019 será muy improbable que Sánchez alcance su objetivo de alargar la legislatura, y por lo tanto seguir al frente del Gobierno, hasta la convocatoria de las elecciones generales en el lejano, visto desde el tempo presente, 2020.
De forma inmediata se abren dos escenarios, en parte alternativos, en parte complementarios. En el primero de ellos, en un mes, de acuerdo con lo que estipula la ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno debe presentar de nuevo su propuesta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha adelantado que intentará repetir con la senda pactada con Bruselas y rechazada el viernes en el Congreso, un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para el próximo año. En este mes buscará de nuevo apoyos, por ejemplo ofreciendo una décima más de déficit a las comunidades autónomas sobre las dos ya aportadas, tres de las cinco arañadas en Bruselas. En el caso de Catalunya, los votos de los grupos parlamentarios de ERC y el PDECat son objetivos imprescindibles, la hipotética nueva oferta del Gobierno supondría ampliar hasta 730 millones de euros el margen presupuestario, de la Generalitat que preside Joaquim Torra. Una cifra esta que equivale casi al 18% del recorte en políticas sociales aplicado en Catalunya entre el 2009 y el 2017, 4.100 millones de euros, y que la sitúan en cabeza muy destacada sobre el resto en el tenebroso ranking de la austeridad autonómica. Se compara prácticamente al tijeretazo total en Educación durante ese mismo período de crisis económica.
Pero mucho más lejos le quedan a Montero los votos de Podemos y sus alianzas. La propuesta del grupo de Pablo Iglesias contempla aumentar el gasto público en 15.000 millones en el 2019, muy por encima de la cifra ofrecida por el Gobierno, de algo más de 5.000 millones. Y políticamente impensable para un Gobierno que tiene a gala llevarse bien con Bruselas.
Así las cosas, en el poco probable escenario de que Sánchez lograse el apoyo de la mayoría de la Cámara en la segunda votación de la senda de déficit, aún tropezaría en el Senado con la oposición absoluta, pues así es su mayoría, del PP, con la aportación marginal en el mismo sentido de los senadores de Ciudadanos. Un giro radical en un PP cuyo recién dimitido presidente, Mariano Rajoy, protagonizó más de un malentendido con Bruselas por formular una senda de reducción del déficit más suave.
La peculiar circunstancia de que el Senado tenga la misma capacidad de veto que el Congreso es una aportación especial, en el 2012, de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, su ministro de Hacienda, a la ley de Estabilidad Presupuestaria de su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, primer padre ejecutivo en España de la regulación legal de la política de déficit cero. Los populares la modificaron para aplicar el principio hasta el puño del sable, conscientes de que el Senado sería siempre, o casi, suyo.
En una muestra de las paradojas de la política, el portavoz parlamentario del PDECat, Carles Campuzano, reprochó el viernes a Montero no haber impulsado una negociación “entre los gobiernos catalán y español para modificar la ley de estabilidad presupuestaria e impedir el veto del PP”. Se da la circunstancia de que ese mismo diputado, como el resto de los que formaban el grupo parlamentario de CiU, votó en la X legislatura, la del primer Gobierno de Rajoy, a favor de esa misma norma que el viernes le reprochaba al Gobierno no haber derogado antes de presentar la senda de déficit.
En cualquier caso, la ley orgánica de marras establece que “aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria [déficit] y de deuda pública por las Cortes Generales [léase Congreso y Senado] la elaboración de los proyectos de presupuesto de las administraciones públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos”. Desde PP y Ciudadanos ya calientan motores argumentando que sin esa luz verde parlamentaria no sería posible aprobar nuevos presupuestos del Estado y el Gobierno estaría condenado a prorrogar las cuentas aprobadas por Rajoy para el 2018 hasta el año siguiente. Una especie de filibusterismo legislativo que puede dar para muchos ríos de tinta en las próximas semanas.
El camino anunciado por Montero, en cambio, establece que sin la aprobación de las Cámaras, el Gobierno debería resignarse al objetivo de déficit fijado por el anterior ejecutivo, el 1,3%, lo que supondría o más ajustes o más impuestos, pero podría elaborar sus propias cuentas para el año próximo. Sin duda un nuevo calvario para ella y su colega Nadia Calviño, la ministra de Economía, pero que implicaría un nuevo margen de tiempo para seguir estirando la legislatura.
La votación de esta semana podría desencadenar una prórroga de los presupuestos del PP del 2018 para el 2019