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La llegada de decenas de miles de inmigrantes a las costas andaluzas en los últimos meses, y las consecuencias negativas que la huelga del taxi tiene para la ciudad de Barcelona.
LA huelga del taxi debe acabar ya. El daño que el paro de los taxistas hace a ciudadanos, turistas, comercio y sociedad en general, con el bloqueo incluso de las calles de Barcelona –a la que se han sumado taxistas de otras ciudades españolas– alcanza ya unas proporciones enormes. Es totalmente injusto que esos profesionales del volante, para la defensa de sus derechos, por muy legítimos que puedan ser, ocasionen unos perjuicios tan desproporcionados y de consecuencias tan graves para la vida ciudadana y la economía del país.
Igualmente resulta incomprensible la pasividad ante el conflicto que demuestran las autoridades del país, tanto municipales y autonómicas como estatales. No puede permitirse que la ciudad sufra un día más una situación de bloqueo como la actual. Como mal menor, dado que el sector del taxi es un servicio público de carácter privado, regulado por las autoridades, debería fijarse la obligación de establecer unos servicios mínimos para suavizar los daños que provoca la actual huelga.
Los taxistas ya han demostrado con sus actuaciones la fuerza de presión que tienen para la defensa de sus intereses, así como la importancia del servicio público que prestan. Ha llegado ya el momento en el que deberían abrir la posibilidad de una tregua y poner fin a la huelga mientras negocian una solución para sus reivindicaciones. Los taxistas, además, deberían tener presente que con su huelga perjudican directamente, en primera instancia, a quienes son sus clientes: ciudadanos y turistas. Asimismo con su actual actitud dan argumentos a quienes afirman que constituyen un monopolio al que hay que poner fin con alternativas de transporte como los vehículos de transporte con conductor (VTC) que son, precisamente, los que ellos combaten.
Lo paradójico es que existe ya acuerdo entre los taxistas y las diversas administraciones, avalado incluso por una sentencia del Tribunal Supremo, en que debe concederse sólo una licencia de VTC por cada treinta taxis. Esto, y la mejor forma de garantizarlo, es lo que debería ratificarse en las diversas reuniones previstas para hoy entre el Ministerio de Fomento y los representantes de los taxistas, de forma que pueda garantizarse un marco de convivencia ordenada en este sector del transporte. De las reuniones de hoy deberían salir, sin falta, los compromisos necesarios por parte del Ministerio de Fomento que permitan tranquilizar a los taxistas, que temen por el futuro de su negocio, y que se pueda poner fin al conflicto.
En cualquier caso, como hemos dicho, y ante la inminencia de las vacaciones de agosto, lo más razonable sería que los taxistas abrieran una tregua en su huelga mientras se arbitra la solución definitiva al conflicto.