El rival de Lula
El magistrado ha llegado más lejos que nadie en la lucha contra la corrupción en Brasil gracias a la compra de testigos
Detrás del encarcelamiento del expresidente brasileño Lula da Silva se encuentra el juez Sergio Moro, un magistrado que no tiene reparos en utilizar prácticamente cualquier medio a su alcance para combatir el clientelismo secular que caracteriza a la política en Brasil.
El juez Sergio Moro tiene 45 años y es forofo del rock duro, así como de los tebeos de El hombre araña y Supermán. Y, tras su extraordinario protagonismo en la investigación anticorrupción Lava Jato (Lava Coches), muchos lo califican –bien sea con reverencia bien sea con sorna–, como un superhéroe y un rockstar.
Formado en Harvard y homenajeado repetidamente en EE.UU., Moro es, sin embargo, un pez grande en un charco jurídico relativamente pequeño: la ciudad provincial de Curitiba, en el sur conservador de Brasil. Es el centro neurálgico de la mega operación jurídica que pretende desmantelar las gigantescas redes de corrupción clientelar, el modus vivendi de la política brasileña desde siempre.
Moro ha forjado un disciplinado espíritu de cuerpo con los fiscales de Curitiba y conoce personalmente a los jefes de la policía federal responsables del encarcelamiento de Lula. Ha utilizado con maestría los medios de comunicación para movilizar a la opinión pública en favor de la investigación sobre una red ilegal de financiación de partidos y sobornos personales en el entorno de la petrolera brasileña Petrobras y diversas constructoras, entre las que destaca Odebrecht.
En una ocasión, hasta filtró a los medios la grabación de una conversación privada entre Lula y Dilma Rousseff cuando la entonces presidenta brasileña quiso incorporar a Lula a su gabinete para protegerlo ante el avance de los intrépidos fiscales de Lava Jato. Los abogados de la defensa de Lula han denunciado también que Moro diese luz verde a la colocación de micrófonos en sus oficinas.
Moro ha llegado más lejos que ningún otro juez en la larga historia de investigaciones anticorrupción, gracias al uso abundante de colaboraciones premiadas, que antes estaban prohibidas en Brasil. Se han firmado acuerdos para reducir las penas de 120 presuntos delincuentes a cambio de que delaten a otros. Son muchos sobre todo cuando se considera que solo 100 personas han sido sentenciadas.
En el caso del apartamento en Guarujá se critica a Moro por fundamentar su condena a Lula en el testimonio de ejecutivos de la constructora OAS que han con- fesado pagar sobornos y quieren reducir sus penas. La condena “se basa exclusivamente en un testigo que dijo que alcanzó un pacto de corrupción con un tercero en nombre de Lula, una acusación que fue desmentida por este tercero”, dijo un portavoz del bufete de Teixeira Martins en São Paulo, que defiende a Lula .
Son métodos polémicos y cada vez más expertos jurídicos se muestran perplejos. “Hay muchas irregularidades; tiene una proximidad con fiscales y con la policía que no es propio de un juez”, afirma Thiago Bottino , catedrático de Derecho de la fundación Getulio Vargas en una entrevista en Rio de Janeiro.
Moro se defiende citando los poderes fácticos e intereses creados a los que se enfrenta y la necesidad de romper pactos de silencio. Lejos de optar por una mayor discreción conforme crecen las críticas, va con frecuencia a EE.UU. para recibir premios. En una de sus visitas a Washington, organizada por la cámara de comercio Brasil-Estados Unidos, se dejó fotografiar con un candidato de la oposición conservadora al Partido del Trabajo (PT).
El pasado día 8, sin embargo, el juez superhéroe cayó en la trampa tendida por su principal adversario. Aprovechando que estaba de guardia un juez simpatizante de Lula, tres diputados del PT presentaron una solicitud de habeas corpus. El juez –Rodrigo Favreto– aceptó la petición y mandó una orden a la policía federal de Curitiba para que pusieran en libertad “de forma inmediata” al expresidente. Moro estaba de vacaciones en Portugal y, por tanto incapacitado para intervenir. Con toda seguridad, la orden habría sido anulada el día siguiente, lunes 9, cuando los demás jueces volviesen al trabajo. Pero Moro no pudo quedarse con los brazos cruzados. Llamó a los fiscales y a la policía federal en Curitiba para decirles que no cumpliera con la orden judicial, y Lula no salió de prisión.
Decenas de expertos jurídicos han advertido de que un juez que está de vacaciones no puede contradecir a otro, y menos si éste encabeza un tribunal de instancia más alta que la suya. Es la cuarta vez que Moro ha desobedecido órdenes de un tribunal superior. Pero no ha sido sancionado. A largo plazo, las irregularidades pueden pasar factura, advierte Bottino. “Tenemos muchos casos en Brasil de investigaciones anticorrupción anuladas debido a los errores del juez”.
La corrupción clientelar ha sido el modus vivendi de la política brasileña desde siempre
Moro es amigo de fiscales y policías, y comete muchas irregularidades, según el catedrático Bottino