Rato se compara con González y Aznar y dice que a ellos no se les persigue

Rodrigo Rato volvió a ponerse ayer los guantes de boxeo. Como en sus buenos tiempos de político y parlamentario. Pero habrá que ver si sus negaciones y protestas de inocencia le valen en un juzgado. En concreto, en el 31 de instrucción de Madrid, cuyo titular, Antonio Serrano-Artal, volvió a interrogar ayer al exvicepresidente del Gobierno sobre el origen y gestión de su patrimonio.

Para justificarse, Rato –quien afirmó no haber cometido “delito fiscal ni de otro tipo”– se comparó con dos expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, de quienes dijo que han utilizado métodos similares a los suyos, con cobros a través de sociedades, y sin embargo nunca han sido perseguidos penalmente. “Me pregunto –dijo– si en este caso lo que cuenta son las personas, no los hechos, y parece ser así”. Sin embargo, dicho método –añadió– es “habitual en el mercado”.

El ex director gerente del FMI salió esta vez al contraataque. Sobre todo, al terminar su declaración, cuando la resumió ante los medios de comunicación al afirmar que “todos estos dineros” –entre otros 8 millones de euros en divisas que movió en cuentas en el extranjero“eran míos”, y estaban “perfectamente justificados, trazados y explicados”. Su declaración duró apenas 20 minutos. Sólo respondió a las preguntas de su abogada. Y su queja constante fue que lamenta lo que considera como una “búsqueda constante de cualquier delito” que justifique las investigaciones abiertas en su contra. Explicó, por ejemplo, que inicialmente se le acusó de un supuesto alzamiento de bienes ante la Fiscalía de Madrid, y que luego “nunca” ha sido imputado por esa figura delictiva.

El interrogatorio versaba sobre los mencionados 8 millones de euros, supuestamente repatriados a través de sociedades domiciliadas en el extranjero. Se trataba de esclarecer si Rato ha tenido sociedades fuera de España, sin actividad social conocida, y las ha utilizado de forma fraudulenta. Al respecto, Rato subrayó que ha encargado dictámenes periciales que “ha demostrado que no hay ninguna defraudación de dinero en el extranjero”. Y todo ello –añadió– a pesar de que se han elaborado “trece informes” por parte de los investigadores. Además, se quejó de que está siendo investigado desde el 2015 por una denuncia de la Oficina Nacional de In- vestigación del Fraude (ONIF) cuyos informes “no han sido concluyentes”.

Añadió que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación “prospectiva” contra él, que no es legal. Sobre las comparaciones, mencionó los supuestos cobros de trabajos profesionales a través de sociedades, y afirmó que no entiende por qué en su caso “se puede seguir la acusación penal de algo que al resto de los profesionales se les consideran sanciones administrativas”. Es el caso –dijo– de “presidentes del Gobierno, y hasta recientemente de un ministro de Cultura que ha dimitido –en alusión a Màxim Huerta–, e importantes presentadores de televisión que han sido sancionados por Hacienda pero sin acusaciones penales por trabajos realizados a través de sociedades”.