El Gobierno da 20 millones más a los ayuntamientos para violencia machista
Los ayuntamientos están a punto de recuperar las competencias en política social que tenían antes de la crisis. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará ese traspaso, en virtud de los que establece el pacto de Violencia de Género, que apostó claramente por que fueran los consistorios, que es la administración más cercana a los ciudadanos y que mejor conocen las necesidades de estos, los que asistieran a las víctimas de violencia de género desde el primer momento. Para ello, el Gobierno dotará a los ayuntamientos de 20 millones más de los previstos por el propio pacto para la administración local (20 millones). Ese dinero saldrán de los presupuestos generales del próximo 2019, aunque si no se aprobaran, el Gobierno reduciría la partida que el pacto destina a la administración central, según fuentes de Igualdad.
Así los acordaron ayer el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial en la que, además, acordaron reformar el Código Civil por lo que respecta a la custodia de hijos por parte de padres maltratadores o a la fijación de nuevos criterios para el reparto de fondos sobrantes del ejercicio de este año.
Los acuerdos se alcanzaron por unanimidad, algo que no sorprende ya que el ministerio que dirige Carmen Calvo está siguiendo estrictamente lo que establece el pacto de Estado contra la Violencia de Género. En palabras de Calvo, se ha producido un “cierre de filas absoluto” contra la violencia machista. Fruto de este clima de entendimiento, Calvo aseguró también que todas las comunidades, independientemente de qué partido les gobiernen, se han comprometido a hacer causa común en el Parlamento para aprobar las reformas legislativas que las distinta fuerzas tienen registradas para poner en práctica el pacto de Estado, para que estén listas a finales de este año. Entre ellas, la reforma del Código Civil que llevará el Gobierno para evitar que padres condenados por violencia machista puedan tener la custodia de sus hijos. Según Calvo, les retirará la custodia en cuanto el otro progenitor así lo pida. Con esta medida, el Gobierno quiere evitar más casos como el de Ángela González, cuya hija fue asesinada por su padre durante una visita sin supervisión y por la que el Estado ha sido condenado a pagar una indemnización de 600.000 euros a la madre al considerar el Tribunal Supremo que el Estado no veló por la seguridad de la niña, tras las múltiples denuncias de González alertando sobre las intenciones del padre.