Los gobiernos central y catalán tantean el margen de diálogo
La comisión bilateral certifica “discrepancias importantes” y activa la vía sectorial
La ministra Batet constata “discrepancias importantes”, pero espera acuerdos en traspasos e infraestructuras a fin de año
El conseller Maragall insiste en los presos y el referéndum y ve pocos avances, aunque exigirá “hasta el último euro”
El diálogo entre el Gobierno español y la Generalitat sigue adelante, pero con fuertes discrepancias políticas de fondo. Este es, resumido, el resultado de la reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado celebrada ayer en Barcelona, que sirvió para constatar lo que en realidad ya era conocido, es decir, que la lejanía política entre los dos ejecutivos es máxima, insalvable a juzgar por las valoraciones de las dos partes a la salida del encuentro.
La reunión, copresidida por el conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y con las delegaciones de los dos gabinetes sentadas frente a frente en la sala Tarongers del Palau de la Generalitat después de siete años de no hacerlo –desde el 2011–, repasó durante casi tres horas y media un extenso y denso orden del día de trece puntos. Y lo hizo de forma “franca”, según Batet, pero también “dura”, en opinión de Maragall. Lo que en la práctica significa que las dos partes se expresaron de forma clara y contundente, pero sin la más mínima concesión a su interlocutor.
La Generalitat no encontró, en este sentido, receptividad alguna a sus planteamientos sobre la situación de los “presos políticos y exiliados” y la posibilidad de celebrar un referéndum acordado sobre el futuro de Catalunya. La negativa del Gobierno español fue total, sin ningún resquicio, al insistir en derivar el caso de los presos a la vía judicial y en negar la existencia del derecho de autodeterminación en el ordenamiento constitucional y en la legislación internacional. Y, de acuerdo con ello, la intención del Govern de constituir un grupo de trabajo, incluso con académicos, para estudiar un posible referéndum de auMaragall, todeterminación no sólo quedó desestimada, sino que la única alternativa ofrecida por el Gobierno español fue la prevista de los referéndums en caso de reforma del Estatut y la Constitución. En este apartado de “derechos y libertades”, Batet aprovechó, además, para devolver la pelota y reclamar, por ejemplo, la neutralidad de las instituciones y del espacio público, en evidente referencia a la polémica de los símbolos.
por su parte, se mostró especialmente agrio al censurar el “no absoluto” del Gobierno español a hablar de los presos y el referéndum y elevó especialmente el tono de la crítica, circunstancia que desde la delegación encabezada por Batet se relativizó, al considerar que en el interior de la reunión la cuestión no se había tratado de la misma manera. Era la evidencia, en cualquier caso, de dónde una y otra parte ponían el acento: la Generalitat, en el tema político de fondo, y el Gobierno español, en el diálogo sectorial. Y de acuerdo con este planteamiento, para la Generalitat el encuentro había resultado muy negativo, y para el Gobierno español, en cambio, había sido satisfactorio. Estuviera el vaso medio vacío o medio
DERECHOS Y LIBERTADES El Ejecutivo central pide neutralidad a las instituciones y en el espacio público
AUTODETERMINACIÓN El Govern plantea un grupo de trabajo sobre el referéndum y Batet lo rechaza
lleno, el caso es que el desenlace había sido más o menos el previsto: “Discrepancias importantes” –en definición de Batet– en el tema político de fondo y compromisos para avanzar en el ámbito sectorial.
En este sentido, el compromiso es constituir y reunir las comisiones mixtas de transferencias, asuntos económicos e infraestructuras y las subcomisiones de seguimiento normativo y solución de conflictos, coordinación y cooperación, y asuntos europeos y acción exterior entre septiembre y diciembre, para culminar a fin de año con una segunda sesión de la comisión bilateral que certifique los acuerdos alcanzados. El Gobierno español nombrará a sus representantes durante el mes de agosto y a la vuelta de las vacaciones se pondrá manos a la obra para conseguir acuerdos que permitan retirar recursos del Tribunal Constitucional y certificar avances en traspasos pendientes e inversiones en infraestructuras. En todas estas comisiones y subcomisiones la intención del Govern es, a pesar del enfado mostrado por Maragall por la negativa a tratar los asuntos políticos, participar activamente, porque “exigiremos hasta el último euro que corresponda a los catalanes” y porque “no podemos renunciar a esta responsabilidad”.
El del calendario de reuniones sectoriales fue, de hecho, el único acuerdo alcanzado en la reunión de ayer, a juicio de Maragall, que evitó, en todo caso, fijar el fin de este calendario –es decir, el mes de diciembre– como el límite que la Generalitat concede a Pedro Sánchez para calibrar si el diálogo político tiene realmente recorrido o no. “Sería imprudente por nuestra parte fijarlo, es un primer plazo, y en este tiempo pasarán muchas cosas en el ámbito judicial y también tendrían que pasar en el terreno político”, se limitó a puntualizar.
El Gobierno español insistió, por otro lado, en que la Generalitat se incorpore a los foros multilaterales con el resto de las comunidades autónomas. La propuesta, sin embargo, no mereció en principio una respuesta afirmativa y todo indica que el Govern no variará la dinámica que ha mantenido hasta ahora, y más a la vista del comentario de Maragall: “Cuando parece que lo que quieren es expulsarte de la bilateralidad, el interés por participar en los foros multilaterales es indescriptible”, lamentó.
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